Desde que la Junta de Andalucía ha reclamado la devolución del incentivo de 10,1 millones concedido por el último gobierno de Manuel Chaves a Matsa, empresa donde trabaja su hija Paula, el escándalo no ha hecho sino crecer por deducción lógica. Si el incentivo fue concedido de forma irregular porque la empresa ya había iniciado el proyecto al que iba destinado, fue el consejo de gobierno de Manuel Chaves el responsable de una mentira clamorosa. Por eso, la Junta ahora trata de inducir la creencia de que en realidad fue la empresa quien mintió diciendo que la obra no estaba empezada.
El gobierno de Susana Díaz, cuatro años después de la concesión del incentivo, ha descubierto que la obra a la que iba destinada la suculenta subvención no podía estar iniciada según la normativa que rige estas ayudas. Pero la Intervención General de la Junta descubrió, bastante tarde ciertamente, que lo estuvo y, por ello, se ha pedido la devolución del importe más los intereses, más de 11 millones de euros.
Siguiendo el hilo lógico, si el Ministerio de Industria que regía Miguel Sebastián había detectado que la obra estaba empezada y negó la ayuda que le solicitó Matsa, Manuel Chaves debía conocer este dato.
Continuando el árbol lógico, si lo conocía, como parece natural dado el intercambio de información existente y la lectura forzosa de los boletines oficiales por los servicios jurídicos y asesores de la Junta, cuando dijo en el pleno del Parlamento de la Nación de junio de 2010 que la obra no estaba iniciada, mintió. Y de esa mentira pueden desprenderse numerosas consecuencias lógicas, políticas y éticas.
Pero la Junta ha dado con la piedra filosofal que transmuta la mentira de Chaves en una mentira de la empresa. Ahora, El Mundo cuenta que la Junta aduce que fue Francisco Javier López Rubio, el antiguo apoderado de la empresa Matsa que tramitó ante la Junta de Andalucía –bajo la supervisión directa de la hija de Manuel Chaves– el que firmó una declaración jurada en la que aseguraba que la compañía minera no había comenzado la construcción de la planta de mineral de Valdelamusa antes de solicitar la ayuda a la Administración autonómica.
Por tanto, la Junta dice ahora que Manuel Chaves no mintió en el Parlamento sino que confió en la declaración de la empresa. Pero Chaves dijo textualmente que "se comprobó" que las obras no se habían sido iniciadas, algo que demostradamente la Junta no hizo sin que sepa por qué.
Por otro lado, la Junta parece no tener en cuenta que si perjuró López Rubio, que daba cuenta de todo lo que hacía a Paula Chaves, responsable jurídica de la empresa, ésta debía conocer el sentido y la intención del perjurio. El documento firmado por López Rubio donde se afirma que la obra no estaba iniciada existe y en ese momento Paula Chaves ya era apoderada de Matsa y supervisora de este proyecto, cosa que también afirmó el apoderado externo de la empresa, López Rubio.
De este modo, la Junta argumenta que López Rubio tuvo que mentir dos veces. Una, por el comienzo de las obras. Otra, por decir que Paula Chaves estaba enterada de todo. Manuel Chaves, por tanto, no mintió ni cuando dijo que se comprobó que la obra no había comenzado ni cuando afirmó que su hija no sabía nada, "ni como apoderada ni como nada".