El fraude de la formación llega al sindicato de Cañamero y Gordillo

El fraude de la formación llega al Sindicato Andaluz de Trabajadores y ha sido denunciado por 18 de sus militantes almerienses que han presentado una denuncia ante el juez decano contra el portavoz nacional, Diego Cañamero, y dos personas más de la organización en Almería, Federico Pacheco y Laura Góngora, en la que se les responsabiliza, entre otras cosas, de irregularidades en los cursos de formación para los que recibieron subvenciones de la Junta de Andalucía. Además, se ha denunciado el mal uso de unas indemnizaciones de inmigrantes y que nunca fue entregado a sus destinatarios.

Según Noticias de Almería, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de cuatro de octubre de 2013 se recogen dos subvenciones para el SAT/SOC de 4.300 euros en un caso y de 5.600 euros en otro, para la realización de un curso de "Formación Laboral de Trabajadores Inmigrantes" y otro de "Formación en materia de inmigración a asesores sindicales". En aquel momento el portavoz en Almería del SAT era Mariano Junco, que es uno de los denunciantes, y según ha relatado, se enteró por la prensa de la concesión de esa subvención ya que ni le constaba la petición de la misma, ni la presentación de ningún proyecto en ese sentido.

Junco ha declarado además, que ese dinero jamás llegó a las cuentas de la organización provincial, que era en definitiva la beneficiaria, "siendo el Comité Permanente Nacional con sede en Sevilla quien ha debido recibirlas, sin que se haya justificado el destino de dichas subvenciones, que claro está, no ha sido la de organizar e impartir dichos cursos de formación".

La prueba de que el dinero no ha tenido el destino previsto es que quienes imparten ese tipo de cursos son voluntarios que no cobran por su trabajo, e incluso en ocasiones se pagan hasta la gasolina cuando tienen que desplazarse a pueblos, y que los lugares en que se imparten son sedes del sindicato o gestionados por él. Es decir, que según Junco no hay gastos reales relativos a esas subvenciones.

Los denunciantes están convencidos de que ese dinero va a destinado a pagar las nóminas o gratificaciones del grupo afín a Pacheco y Góngora, quienes a pesar de cesar en sus funciones cuando entró la nueva dirección, siguieron controlando el sindicato con la anuencia de Cañamero. Ese desvío de fondos también estaría sucediendo con lo que les dona el llamado Foro Cívico, que es una entidad europea que viene ayudándoles desde que se produjeron los sucesos de El Ejido, y que busca colaborar en la formación de los inmigrantes y facilitar su integración. Con esa organización también son estas dos personas los interlocutores, y el dinero llega sin ningún tipo de proyecto previo ni justificación posterior.

Todo esto fue puesto en conocimiento de la dirección nacional que encabeza Cañamero, y aunque inicialmente fueron enviadas a Almería tres personas para conocer de primera mano las irregularidades de las que les habían hecho partícipes, las medidas que se tomaron no esclarecieron lo ocurrido sino que fue nombrada una gestora, que en la actualidad sigue controlando la organización.

Los antecedentes

Según un informe interno al que tuvo acceso Noticias de Almería, la propia asesoría jurídica del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) podría haberse estado quedando con dinero de las indemnizaciones que correspondían a trabajadores inmigrantes a los que habían representado ante los juzgados de lo Social. Aunque el contenido de este informe fue puesto en conocimiento de la Permanente Nacional de la organización que lideran Diego Cañamero y el parlamentario de Izquierda Unida Juan Manuel Sánchez Gordillo, nada se ha hecho público hasta hoy porque según los denunciantes les preocupa más que el escándalo salga a la luz que combatir las irregularidades.

Según el informe, las dos personas responsables de la asesoría jurídica, que tienen acceso a las claves de las cuentas sindicales, "decidieron por su cuenta y riesgo, y sin decirlo a nadie, desviar, irresponsablemente, dinero que iba destinado a indemnizaciones de trabajadores a otros menesteres, entre otros a seguir cobrando ellos mismos y su grupo".

Este hecho fue conocido en enero del 2014 cuando en una reunión de la comisión de organización y finanzas, con testigos presentes, una de estas personas de la Asesoría reveló "que cogieron dinero que no era del sindicato sino que venía de organismos laborales y judiciales y que estaba destinado a indemnizaciones de trabajadores y que era custodiado por la Asesoría, y que lo utilizaron para otros gastos".

Se trataría de casos de trabajadores inmigrantes a los que habían representado en juicios de carácter social por despidos, pero se habrían marchado a sus países de origen antes de cobrar, por lo que el sindicato lo hacía legalmente en su nombre, desconociéndose por los denunciantes si en los casos mencionados llegaron a cobrar en algún momento.

Los autores de este informe afirmaron que "no estamos acusando de llevarse nadie dinero, ya que no tenemos ninguna prueba de ello, sino de malversación de fondos, de irregularidades y de no llevar correctamente las finanzas del sindicato". Añaden que la explicación que les dieron es que ese estaban a la espera de recibir dinero de proyectos europeos, y que así lo reintegrarían a los afectados.

Según relataron los denunciantes "la Dirección Nacional lejos de actuar contundentemente y de intentar conocer en profundidad e investigar los hechos denunciados, se dedica a expresar su miedo y preocupación por que pueda salir a la luz pública los trapos sucios de Almería".

Cañamero tampoco tomó medidas

La gestoría del SAT que se "quedó" con 7.700 euros de cuatro inmigrantes tenía un déficit de 8.700 según una auditoría de la organización sindical y aprovechó que los inmigrantes titulares del dinero no lo reclamaron para usarlo para otros fines. Los nombres de los cuatro inmigrantes responden a las iniciales A.A., D.M., B.N. y E.M. Estas cuatro personas confiaron a la asesoría laboral del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) en Almería la demanda por sus despidos e impagos de salarios.

Ahora se ha sabido que los inmigrantes nunca llegaron a cobrar el dinero que les correspondía. En concreto, las cuantías serían 1.646 euros de uno, 1.359 de otro, 900 más de otro y 3.815 del cuatro inmigrante, en total 7.720 euros.

A pesar de todo, la dirección nacional del SAT que lidera Diego Cañamero, compañero de aventuras de Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda, no ha tomado ninguna medida a pesar de conocer los hechos desde el pasado mes de enero.

La responsabilidad del desvío del dinero conduce a los dos responsables de la asesoría como autores de estos presuntos hechos. Según dijo el informe, la gestoría destinó a "otros fines" no especificados las indemnizaciones que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) ingresó en la cuenta sindical para que desde ahí lo hicieran llegar a los trabajadores, como es práctica habitual en las asesorías de las organizaciones sindicales.

El informe no dice que nadie se haya quedado con ese dinero, pero subrayan "que es igual, aunque lo repusieran al día siguiente (que por cierto aún no lo han hecho) tocar algo que no es tuyo es muy grave y es algo que un sindicato combativo, limpio y honesto como el nuestro no puede darse el lujo de hacer porque se supone que somos muy distintos a otros sindicatos que hacen este tipo de cosas".

Dictadura interna: castigos por opinar

El pasado 15 de agosto se conocía que el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) había sancionado a un militante de Almería por opinar en contra de una movilización promovida por la organización, y por difundir la situación interna del SAT en la provincia. El procedimiento sancionador se realizó de modo sumarísimo, ya que ni se le informó de la apertura del expediente, ni se le dio trámite de audiencia para responder a las acusaciones. Tampoco se le facilitó el informe en el que se basó la comisión y tampoco en el escrito de sanción se le ofreció la posibilidad de alegar o defenderse.

La "movilización" contra la que supuestamente habría hecho "campaña" este militante es la de "Rodea el Parlamento Andaluz". La campaña consistió en expresar en Facebook su opinión crítica respecto a la utilidad de la misma, ya que -según decía en aquel momento en su perfil de esta red- hacerla un domingo en el que no hay nadie dentro del mismo, cuando también se suma a ella una organización como Izquierda Unida que forma parte del propio Gobierno andaluz, resultaba absurdo.

Según Noticias de Almería, la carta remitida a J.A.P. informa de la "suspensión de seis meses de derechos como afiliado" y se le amenaza con la expulsión definitiva, al recordarle que "la Asamblea Nacional decidió expulsar de forma permanente del sindicato a todo afiliado o afiliada que difundiera de forma pública cualquier información respecto a este conflicto interno fuera de los acuerdos tomados en los órganos nacionales".

La carta fue firmada el 13 de junio por el Secretario de Organización, José Caballero, y en ella se califican como "hechos probados" el "divulgar fuera de la organización, después de la aprobación de la resolución de Almería, la situación de conflicto interno que existía", así como "hacer campaña contra las movilizaciones unitarias impulsadas por el sindicato".

Es evidente que el propio SAT quien reconoce la existencia de un conflicto interno por lo que la sanción se produce por divulgarlo, y no por ser falso lo que este militante comentó.