Este miércoles se conocía que el servidor que permite albergar los documentos digitalizados de los juzgados sevillanos - solo el caso del fraude de la formación se compone de dos millones de folios -, había agotado su capacidad y, o bien se borraban archivos para dejar espacio libre, o bien habría que pensar en la puesta en funcionamiento de un nuevo servidor. Este jueves se sabe que tampoco funcionaban la fotocopiadoras porque no tenían donde almacenar los archivos escaneados.
Las incidencias, de uno u otro signo, parece ser la imagen de unos juzgados que no tienen medios suficientes para afrontar todos los casos y macrocasos que se instruyen. La competencia de la Justicia en Andalucía es de la Junta y su responsable es el Consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera Suárez-Bárcena, exfiscal y precisamente uno de los más destacados críticos de la juez Alaya.
En solo una semana, las diversas incidencias han colmado los juzgados de Sevilla. El pasado lunes, la propia juez Alaya se quejó públicamente de falta de personal de apoyo. La Junta había decidido que una de las interinas de refuerzo que trabajaba con la juez Alaya cesara el día 30. Y que otra que hace labores de apoyo en dicho juzgado sólo tres horas, no seguirá haciéndolo. La juez pidió a la Junta tres nuevos funcionarios de apoyo y se le ha contestado que tiene los medios suficientes y que sus recursos son finitos.
Pero la Fiscalía incidió asimismo en los mismos problemas de falta de medios puesto que en todos los casos que instruye la juez Alaya, debe participar y eso implica una sobrecarga de trabajo por la dimensión de los casos.
Los funcionarios del juzgado de la juez Alaya dieron parte de la incidencia que no solo afectó a este órgano sino a otros de los juzgados del Prado en Sevilla. De hecho está afectando a otros juzgados de instrucción que unos días pueden escanear papeles y otros no. Por ejemplo, así ocurre en el juzgado de instrucción número 16 que es el que investiga el caso Invercaria, parte del caso de l fraude en los cursos de formación y lasa nueve causas de sendas empresas públicas de la Junta.
Recuerda oportunamente ABC que justamente este miércoles, a pocos metros de los Juzgados sevillanos, el consejo de Gobierno de la Junta presenta un nuevo plan de modernización que reforzará la conexión de los sistemas informáticos judiciales y que conlleva 6.000 nuevos ordenadores y 300 sistemas de grabación de sesiones judiciales.
El pasado mes de agosto un incendio afectó a las oficinas de un juzgado de Sevilla y a los sótanos de la sede judicial del Prado de San Sebastián y se extendió más allá de los legajos y la fotocopiadora que ardieron sin que se conozca la autoría del suceso. Ya entonces jueces y funcionarios expresaron a la Consejería de Justicia e Interior -de la que depende el mantenimiento del edificio- y coincidieron en que el fuego ponía de manifiesto un evidente fallo en la seguridad y la falta de inversiones que viene padeciendo, en general, la Justicia sevillana.
Un tráfico interminable de incidencias
Por empezar por alguna fecha señalada, digamos que en el principio del rosario de corruptelas que se ha apoderado de Andalucía, ya hubo una primera incidencia extraña. En 1993, la única sentencia que condenó a Juan Guerra a un año de prisión por delito fiscal desapareció del despacho del magistrado Conrado Gallardo y obligó al juez a convocar a las partes apresuradamente para notificarles el contenido de la resolución.
Otro extraño robo tivo lugar este mismo año en el despacho de los fiscales delegados de Anticorrupción en Sevilla Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández, que representan a la acusación pública en el caso de los ERE fraudulento. Durante la Feria de abril, alguien sustrajo de la mesa de su despacho el auto de la Audiencia de Sevilla que había confirmado la imputación de la ex ministra Magdalena Álvarez en la causa de los ERE.
Recordaba el grupo Joly que en los juzgados ha desaparecido de todo, desde ordenadores portátiles entregados a los secretarios para hacer su labor, hasta borradores de sentencias, pasando por bolsos, etc.
Incluso se ha robado en el estanco de los juzgados de Sevilla, cosa que ocurrió el pasado mes de febrero, a pesar de que cuentan con vigilancia las 24 horas.
Más trascendencia tuvo el robo de las cintas de vídeo del caso de Manuel Chaves, ex residente de la Junta, contra el diario El Mundo. Ocurrió en 2007. Eran la prueba clave de la defensa en el proceso de Manuel Chaves contra el periódico y sin que aún nadie sepa cómo desapareció de los juzgados de Sevilla. Se trataba del vídeo en el que un supuesto espía acusaba al presidente de la Junta de Andalucía y al entonces secretario de Organización del PSOE-A, Luis Pizarro, de estar detrás del espionaje al ex presidente de la Caja San Fernando.
Había dos copias de la cinta, ambas estaban en posesión de los juzgados y las dos desaparecieron. Una, aportada por el expresidente de la caja de ahorros, fue robada de la caja fuerte del juzgado de Instrucción 1 y la otra, entregada en su día al juez por los periodistas, sigue en paradero desconocido.
No para la cosa ahí sino que en febrero de 2009, se cometió otro robo en el Juzgado de Instrucción 15. Los ladrones penetraron en el despacho del secretario judicial, fuera de horas de oficina, y forzaron dos armarios. Allí se apoderaron de un ordenador portátil y de varios lápices de memoria que habían sido incautados en un sumario por estafa.
Luego se sabía que también se había denunciado además el robo de dinero a un funcionario dentro de la oficina judicial, sustrayéndolo de un bolsillo de su propia chaqueta en un descuido. Poco antes, en septiembre de 2008, otros ladrones penetraron en varios de ellos y se llevaron ordenadores y teléfonos móviles.