Manuel Marchena, nuevo presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo
El magistrado ha obtenido el apoyo de doce vocales del Consejo General del Poder Judicial.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha designado este martes como nuevo presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo al magistrado Manuel Marchena.
Marchena, que sustituirá en el puesto al magistrado Juan Saavedra -ya jubilado-, ha obtenido el apoyo de doce vocales del Pleno (la mayor parte de vocales propuestos por el PP) , según han informado fuentes del Consejo.
Al cargo también aspiraban el ex fiscal general del Estado Cándido Conde Pumpido y el magistrado Miguel Colmenero quienes han obtenido siete votos y un voto, respectivamente.
Marchena Marchena, que procede de la carrera fiscal, accedió a la Sala Segunda del Alto Tribunal por el turno reservado a juristas de reconocida competencia en el año 2007 tras atesorar un amplio currículum a sus espaldas.
La presidencia de la Sala de lo Penal de Tribunal Supremo es un cargo de especial importancia en la Carrera Judicial. La razón es que la Sala Segunda es la encargada de juzgar a una gran parte de los aforados más ilustres de nuestro país (entre ellos, el presidente del Gobierno, ministros, así como diputados y senadores).
Además, entre sus tareas, Marchena deberá coordinar en los próximos cinco años el trabajo de los quince miembros que componen la Sala Penal (más los magistrados eméritos) y que revisarán en casación -y como última instancia- las causas donde se investigan los delitos más graves de nuestro país.
El nuevo presidente de la Sala de lo Penal, canario de nacimiento, de 55 años, ingresó en la carrera fiscal en 1985 y ejerció como fiscal en la Audiencia de Las Palmas y en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Presidirá la Sala de los ERE
Posteriormente, pasó a formar parte de la Secretaría Técnica de la Fiscalía y colaboró con el entonces Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, en algunos procesos judiciales como el caso Alierta. El Consejo de Ministros de 25 de julio de 2003 aprobó su nombramiento como nuevo fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General.
Tras el cambio al frente de la Fiscalía General con la llegada de Conde Pumpido fue nombrado fiscal del Tribunal Supremo el 1 de julio de 2004. Permaneció en este cargo hasta que el Consejo General del Poder Judicial lo nombró magistrado del Tribunal Supremo en enero de 2007 para cubrir la vacante por jubilación de José Antonio Martín Pallín.
Ya como miembro de la Sala de lo Penal instruyó la causa donde se investigó el cobro de los cursos de Nueva York impartidos por el exjuez Baltasar Garzón, al que imputó los delitos de prevaricación y cohecho. El instructor archivó finalmente la causa contra Garzón por prescripción de los hechos.
Ahora, le tocará presidir el tribunal que debe decidir en un breve plazo de tiempo sobre si el Supremo es competente para investigar el caso de los ERE en Andalucía en relación a nueve aforados, entre ellos los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
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