La propia juez Alaya dijo a la abogada de un imputado citado a declarar que disponía de permiso del Tribunal Supremo para continuar con la instrucción y que tal autorización se la habían comunicado por teléfono. Según ABC, esta forma de comunicación entre el Supremo y la juez no es habitual, pero permite a la juez seguir instruyendo en paralelo el caso de los ERE y el del fraude de los cursos de formación.
La autorización del Tribunal Supremo, que contradecía de ese modo a la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla que había pedido el cese de la instrucción, fue conocida el pasado martes. Cuando la juez tomaba declaración a uno de los directivos de Vitalia, Jesús Bordallo, su abogada Ángela Nieto informó a la magistrada de que su cliente no iba a declarar ante ella porque ya no era competente para seguir instruyendo el caso.
Alaya respondió a la letrada que sí era competente porque el Supremo le había comunicado por teléfono que contaba con su autorización para seguir instruyendo la causa. Luego, la respuesta del Supremo confirmó la afirmación de Alaya: "La juez tiene plena competencia de la instrucción mientras se resuelve la exposición razonada", informó un portavoz.
Como es ya sabido, al Tribunal Supremo compete resolver si asume la causa debido a la presencia de nueve altos cargos aforados, entre ellos los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Aunque Alaya seguirá instruyendo mientras resuelve sl Alto Tribunal, es una excepción ya que lo normal según la Ley de Enjuiciamiento Criminal es que la juez detuviera sus diligencias que afectasen a aforados. Pero en el mismo artículo 21 de la mencionada ley se añade que el Supremo podrá autorizar "entre tanto que resuelve la competencia, la continuación de aquellas diligencias, cuya urgencia o necesidad fueren manifiestas". Como no se ha hecho público qué diligencias considera el Supremo de urgencia o necesidad manifiestas, el conflicto parece inevitable. La Fiscalía podría exigir que Alaya dejase de instruir pero no lo ha hecho. Sólo ha exigido a la juez Alaya que tuviera el permiso del Tribunal Supremo para seguirlo haciendo mientras se resuelve la competencia.
Más aún tras la declaración del expresidente de Vitalia Eduardo Pascual sobre el desvío de 18 millones procedentes del fondo de los ERE para cuatro empresarios "vinculados" al PSOE federal que invirtieron en República Dominicana. La previsible consecuencia de este testimonio será la imputación de dichos empresarios, entre otras personas, dadas las diligencias precedentes en la instrucción de Alaya.