El 25 de enero del año 2012 el entonces recién nombrado ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, prometió desde la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados reformar de forma integral y revolucionar la Justicia en nuestro país.
Ese día presentó un amplío programa de medidas -ley del aborto, prisión permanente revisable, ley de tasas, etc- con las que quería convertir a la hija fea del Gobierno (la cartera que nadie deseaba porque no da grandes titulares ni conquistaba grandes inversiones) en una de las piezas claves del nuevo Ejecutivo.
Entre esa decena de medidas que se comprometió a sacar adelante como nuevo titular de Justicia se encontraban dos de las promesas que el PP había llevado en su programa electoral el año anterior: despolitizar el Consejo General del Poder Judicial (para que los propios jueces volvieran a elegir a su órgano de gobierno) y cambiar la ley del aborto aprobada por el Gobierno de Zapatero.
Dos años y ocho meses después, Ruiz Gallardón abandona el cargo de ministro sin haber conseguido sacar adelante ninguna de estas dos propuestas estrellas. Sí reformo el Consejo General del Poder Judicial pero para hacerlo un órgano "aún más politizado" tal y como han venido denunciando los miembros de la magistratura una y otra vez.
El ministro, que quiso volver al modelo anterior de elección del Consejo hasta la modificación del año 1982, vio cómo su jefe, el presidente Rajoy, le dijo en el último momento que no se volvería a tener un CGPJ elegido por los propios jueces. Gallardón aceptó esta respuesta y manifestó ante la opinión pública que la falta de consenso con el PSOE había impedido que esa reforma saliera adelante. Sin más explicaciones.
No osbtante, la puntilla de su carrera política ha sido, sin lugar a dudas, la retirada de su anteproyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Él tuvo en un primer momento dudas de presentar un proyecto tan radical sobre el aborto. Lo hizo porque así se lo encomendó el Gobierno; el mismo Gobierno que ahora no se atreve a aprobar esa ley por el coste electoral que conlleva.
Lo cierto es que Alberto Ruiz Gallardón (fiscal de carrera pero político de profesión) no será recordado por ser un gran ministro de Justicia. Mas bien todo lo contrario: por ser un hombre que anhelaba el poder pero al que poco interesaban los problemas de los tribunales en nuestro país. Éste ha sido uno de los reproches más comunes que los miembros de la Adminsitración de Justicia han hecho al ministro durante estos casi tres años de legislatura.
Sin embargo, Gallardón sí que será recordado por tener el don de poner a todos los colectivos judiciales (jueces, fiscales y abogados, entre otros) en pie de guerra al unísono contra sus controvertidas decisiones políticas. Prueba de ello es que su marcha ha sido celebrada este martes prácticamente por todas las asociaciones judiciales y fiscales: una "dimisión esperanzadora", el "fin de un trienio negro" o deja una justicia "arrasada en derechos y libertades" han sido algunas de las despedidas recibidas por el ministro.