Los desacatos de la Generalidad: leyes y sentencias incumplidas

No es la primera vez que el Gobierno catalán incumple la legalidad y las sentencias. El caso más flagrante es sin duda el sistema de inmersión lingüística en las escuelas. Más de treinta años lleva la Generalidad incumpliendo la Constitución y los fallos de los tribunales, que afirman sin lugar a dudas que este sistema supone una vulneración de la Carta Magna. Lejos de deponer su actitud los sucesivos gobiernos han ido anunciando sin rubor que no acatarán las resoluciones judiciales y que la ley catalana de Educación no iba a ser modificada ni en una coma.

Hasta tal punto que el Ejecutivo de Artur Mas ya ha anunciado que no piensa acatar la Lomce tal y como está redactada. No es tampoco la primera norma que la Generalidad catalana desacata: la Ley de Banderas es también un claro ejemplo de ello. Ésta obliga a utilizar la enseña nacional en los actos oficiales de la Generalidad, en los despachos del presidente autonómico y sus consejeros y en todos los edificios públicos.

Y si nos vamos al ámbito económico son varias las normas aprobadas recientemente por el Gobierno central sobre las que el Ejecutivo autonómico no sólo ha hecho oídos sordos sino que ya ha anunciado abiertamente que no las va a cumplir. Tal es el caso de la Ley de Unidad de Mercado o la reforma de la administración.

Sobre la primera, el consejero de Empresa, Felip Puig, ya dijo que la Generalidad dificultará y "evitará hasta el último momento" su aplicación. De momento, ya se ha personado ante el TC contra varios de sus artículos para tratar de dilatar al máximo el tiempo de no aplicación. En cuanto a la segunda, el Gobierno de Mas fue aún más tajante: "jamás" aplicará la reforma de la administración. No eliminará sus embajadas en el exterior, ni la figura del Defensor del Pueblo catalán, ni su Tribunal de Cuentas, tampoco su agencia de meteorología o su propio CIS.

Pues bien, este viernes el Parlamento de Cataluña ha aprobado la Ley catalana de Consultas. Otra ilegalidad evidente por lo que supone y un nuevo pulso al Gobierno de Mariano Rajoy, que ya ha avisado que la recurrirá por ser contraria a la legalidad. Para ello empleará los argumentos ya esgrimidos en la doctrina del Tribunal Constitucional, esto es: ninguna comunidad autónoma tiene competencias para convocar referendos.