La gestoría del SAT que se "quedó" con 7.700 euros de cuatro inmigrantes, al parecer tenía un déficit de 8.700 según una auditoría de la organización sindical y aprovechó que los titulares del dinero no lo reclamaron para usarlo para otros fines. Los nombres de los cuatro inmigrantes responden a las iniciales A.A., D.M., B, N. y E.M. Estas cuatro personas confiaron a la asesoría laboral del Sindicato Andaluz de Trabajadores en Almería la demanda por sus despidos e impagos de salarios.
Noticias de Almería ha desvelado un informe interno que los inmigrantes nunca llegaron a cobrar el dinero que les correspondía. En concreto, las cuantías serían 1.646 euros de uno, 1.359 de otro, 900 más de otro y 3.815 del cuatro inmigrante, en total 7.720 euros.
A pesar de todo, la dirección nacional del SAT que lidera Diego Cañamero, compañero de aventuras de Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda, no ha tomado ninguna medida a pesar de conocer los hechos desde el pasado mes de enero.
La responsabilidad del desvío del dinero conduce a los dos responsables de la asesoría como autores de estos presuntos hechos. Según dijo el informe, la gestoría destinó a "otros fines" no especificados las indemnizaciones que el Fondo de Garantía Salarial -Fogasa- ingresó en la cuenta sindical para que desde ahí lo hicieran llegar a los trabajadores, como es práctica habitual en las asesorías de las organizaciones sindicales.
El informe no dice que nadie se haya quedado con ese dinero, pero subrayan "que es igual, aunque lo repusieran al día siguiente -que por cierto aún no lo han hecho- tocar algo que no es tuyo es muy grave y es algo que un sindicato combativo, limpio y honesto como el nuestro no puede darse el lujo de hacer porque se supone que somos muy distintos a otros sindicatos que hacen este tipo de cosas".
Sanciones por opinar
El pasado 15 de agosto se conocía que el SAT había sancionado a un militante de Almería por opinar en contra de una movilización promovida por la organización, y por difundir la situación interna del SAT en la provincia. El procedimiento sancionador se realizó de modo sumarísimo, ya que ni se le informó de la apertura del expediente, ni se le dio trámite de audiencia para responder a las acusaciones. Tampoco se le facilitó el informe en el que se basó la comisión y tampoco en el escrito de sanción se le ofreció la posibilidad de alegar o defenderse.
La "movilización" contra la que supuestamente habría hecho "campaña" este militante es la de "Rodea el Parlamento Andaluz". La campaña consistió en expresar en Facebook su opinión crítica respecto a la utilidad de la misma, ya que -según decía en aquel momento en su perfil de esta red- hacerla un domingo en el que no hay nadie dentro del mismo, cuando también se suma a ella una organización como Izquierda Unida que forma parte del propio Gobierno andaluz, resultaba absurdo.
Según Noticias de Almería, la carta remitida a J.A.P. informa de la "suspensión de seis meses de derechos como afiliado" y se le amenaza con la expulsión definitiva, al recordarle que "la Asamblea Nacional decidió expulsar de forma permanente del sindicato a todo afiliado o afiliada que difundiera de forma pública cualquier información respecto a este conflicto interno fuera de los acuerdos tomados en los órganos nacionales".
La carta fue firmada el 13 de junio por el Secretario de Organización, José Caballero, y en ella se califican como "hechos probados" el "divulgar fuera de la organización, después de la aprobación de la resolución de Almería, la situación de conflicto interno que existía", así como "hacer campaña contra las movilizaciones unitarias impulsadas por el sindicato".
Es evidente que el propio SAT quien reconoce la existencia de un conflicto interno por lo que la sanción se produce por divulgarlo, y no por ser falso lo que este militante comentó.