La precariedad con la que la juez Alaya se enfrenta a la corrupción

La juez Alaya instruye ocho causas descomunales, muchas desde hace cinco años. De Mercasevilla al fraude formativo, pasando por el Betis de Manuel Lopera, la operación Madeja y los ERE. Se enfrenta en casi todas ellas a la Junta de Andalucía y a su aparato, responsable del buen funcionamiento de la Justicia en Andalucía, pero su juzgado sigue siendo el mismo, con escasos recursos materiales y humanos y ello puede producir inseguridad acerca de si verdaderamente logrará meterle mano a la corrupción destapada en el "régimen" gobernante desde 1982.

Las alarmas han sido disparadas desde fuera, debido a la presunta intención de Alaya de poner en marcha un macrosumario sobre los cursos de formación financiados por el Gobierno andaluz, "una causa que puede superar en volumen económico a la del caso ERE", dice ABC.

Pero no ha obtenido medios adicionales suficientes para llevar a cabo esta proeza judicial. Sólo cuenta con un juez de refuerzo, Álvaro Martín Gómez, para atender los asuntos ordinarios del juzgado núimero 6 del que es titular. Respecto a funcionarios, dispone en total de diez funcionarios y un técnico, dos de ellos de apoyo y tres, más el técnico, dedicados a las macrocausas. Los otros cinco dedican su trabajo a los asuntos ordinarios. Usa una fotocopiadora y una mala grabadora de CDs, que ralentiza el envío de documentación a los letrados de la defensa y la acusación. Hace muy poco tiempo, antes del verano de este mismo año, la Consejería de Justicia -cuyo titular, el exfiscal Emilio de Llera, es uno de los principales enemigos de la juez- le ha facilitado el sistema Exnet, que permite la notificación telemática de las diligencias.

El futuro inmediato, si se consuma la concentración de la causa del fraude de la formación en sus manos, como muchos defienden, la falta de medios humanos y materiales repercutirá en todos los procesos pendientes y puede repercutir en la salud de una juez que ya estuvo seis meses de baja. Sobre todo, si el Tribunal Supremo respalda su instrucción. En otro caso, la investigación de la corrupción en Andalucía tendrá que esperar si es que algún día puede volver a emprenderse.