Los fondos de la UE fueron irregularmente utilizados por la Junta

Este miércoles se conocieron las declaraciones judiciales del alto cargo de la Junta de Andalucía, Carlos Cañavate -declaraciones que recogió Libertad Digital-, según el cual el gobierno andaluz ha estado usando irregularmente los fondos de la Unión Europea, tanto los destinados a la formación como a la ayuda a empresas. Ahora se sabe que son los "verificadores del Fondo Social Europeo", auditores externos de la propia UE, los que se oponen a dar el visto bueno a las subvenciones gestionadas por la Junta por las irregularidades que se observan.

El Mundo aporta este jueves que Cañavate informó a la UCO que, al llegar al cargo en octubre de 2013, se encontró que había 950 millones de euros de ayudas de formación sin justificar porque la Junta de Andalucía venía exonerando a los beneficiarios de la obligación de justificarlas desde el año 2007 y que él decidió acabar con dicha práctica. "No creo normal que la excepcionalidad se convierta en normalidad", declaró el alto cargo.

La Junta de Andalucía sólo ha informado por el momento de las exoneraciones de 2009, 2010, 2011 y 2012 y lo ha hecho apelando a la "transparencia", pero no ha aportado información alguna sobre las de 2007 y 2008.

Cuando el Gobierno andaluz decidió traspasar las competencias de formación desde la Consejería de Empleo a la de Educación, la situación fue "desastrosa" hasta el punto de que la Intervención General ordenó suspender los pagos de ayudas ante el caos reinante.

El actual director general de Formación Profesional para el Empleo de la Junta, Carlos Cañavate, detalló en su declaración judicial que durante años llegaron ingentes recursos para la formación procedentes del Fondo Social Europeo y que hubo momentos de "saturación" que dificultaban la comprobación del destino del dinero adjudicado.

Como la ley prohíbe dar una nueva subvención a las entidades que no hayan justificado ayudas anteriores, la Junta buscó una salida excepcional, las exoneraciones, que permiten a las empresas seguir percibiendo fondos cuando hay un "especial interés social". Según la Junta se hizo para no perder el dinero europeo.

Pero la Junta aplicó las exoneraciones a más del 90% de las ayudas de 2008 y 2009, cosa que convirtió el procedimiento de las exoneraciones en normal, no en excepcional.

Naturalmente, la UCO supo por Cañavate que la Junta de Andalucía tiene "un problema importante a nivel de toda la Administración" porque "se está resolviendo que muchas de las acciones subvencionadas no pueden ser subvencionables por considerar que no cumplen con los requisitos del Fondo Social Europeo".

Sólo en la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo se han debido "descatalogar" del presupuesto 270 millones de euros para cubrir el agujero creado por esa gestión irregular o fraudulenta de las ayudas de formación concedidas a consorcios.

Otro problema de la Junta es que las convocatorias de ayudas para desempleados de los años 2007, 2008, 2009 y 2010 "no están bien hechas", por lo que el resultado final podría ser la devolución de los fondos. Dicho más claramente, "no existen documentos que justifiquen el motivo por el cual en el momento de la valoración de la acción formativa se adjudicaban unas cantidades a determinadas entidades y otras diferentes a otras".