La juez Mercedes Alaya podría instruir otra macrocausa, derivada del caso ERE y relacionada con la causa de los cursos de formación subvencionados que abrió en marzo de este año. Según afirma El País, Alaya se propondría unificar y asumir las investigaciones sobre los cursos de formación. De hecho, en un auto del pasado 13 de junio, la juez ha pedido a la Junta, gobernada por PSOE e Izquierda Unida, que le detallen todas las subvenciones a la formación que ha concedido "desde el año 2001 -mismo año de comienzo del caso ERE- hasta la actualidad", esto es, hasta 2011 último año de concesión de subvenciones por este motivo. El importe de lo concedido en esos años supera los 3.000 millones de euros.
Alaya pide a la Junta que especifique "el nombre del beneficiario, órgano concedente, cuantía de la subvención, partida presupuestaria, pagos y fechas realizados, total abonado y cantidades definitivamente justificadas de los expedientes que son objeto de estudio". La propia juez estima la documentación pedida en más de dos millones de folios.
Montes, el funcionario aislado y "emparedado"
Fue la declaración, prestada en agosto del año pasado, de Teodoro Montes, responsable del departamento de gestión de Formación Profesional Ocupacional de la Junta y "exiliado" e incluso "emparedado" por la Junta dentro de la Administración, la que puso de manifiesto que la Administración andaluza había adjudicado dinero de la formación de forma "arbitraria" a sindicatos, empresarios y fundaciones y que no había habido un control de estos fondos.
Montes amplió su declaración ante la Guardia Civil y salpicó tanto a los directores generales de Formación como a los sucesivos viceconsejeros y consejeros de Empleo. Los cuatro titulares que ha tenido este departamento entre 2001 y 2012 -José Antonio Viera, Antonio Fernández, Manuel Recio y Antonio Ávila- están ya señalados por Alaya en el caso de los ERE. Fernández es el único que está imputado por los cursos de formación y no está aforado.
En esta segunda declaración, Montes estableció un vínculo entre el escándalo de los ERE y los cursos de formación que puede dar pie a la "macrocausa" de Alaya. Montes afirmó que la "adjudicación de cursos de formación va indisolublemente unida a la presentación de un ERE por parte de las empresas" y encaminada al "enriquecimiento ilícito de determinadas personas" Según este funcionario, a los trabajadores despedidos se les impartían luego cursos de formación, y cita los ejemplos de grandes empresas como Mercasevilla, Santana, Delphi o Astilleros.
Si es cierto que determinadas empresas han recibido dinero tanto del fondo de los ERE como de los cursos de formación, hay otras muchas que han recibido dinero para la formación sin tener ERE. La juez Alaya considera que en el caso de la formación hay un procedimiento fraudulento e irregular de la Junta, como en el caso ERE.
¿Unificación de la investigación?
La juez Alaya, si fuese su propósito el que augura el diario de Prisa, tendría que unificar la investigación aunando las que se efectúan en Málaga, Cádiz y Almería. En Cádiz, la Fiscalía es partidaria de que el caso del ex consejero Ojeda pase a ser jurisdicción de la juez Alaya. Pero el juzgado de Málaga donde se desarrolla la Operación EDU no es partidario de ceder el caso a la juez sevillana.
Además, está la proverbial "lucha" soterrada entre la Policía y la Guardia Civil. Este último Cuerpo, auxiliar imprescindibe de la juez Alaya, quiere la unificación porque existe falta de coordinación y eficacia.
El actual director general de Formación Profesional para el Empleo de la Junta, Carlos Cañavate, puede influir en la unificación porque en su declaración judicial detalló que durante años llegaron ingentes recursos para la formación procedentes del Fondo Social Europeo y que hubo momentos de "saturación" que dificultaban la comprobación del destino del dinero adjudicado. Como la ley prohíbe dar una nueva subvención a las entidades que no hayan justificado ayudas anteriores, la Junta buscó una salida excepcional, las exoneraciones, que permiten a las empresas seguir percibiendo fondos cuando hay un "especial interés social". Según la Junta se hizo para no perder el dinero europeo.
Tras las reformas y la investigación de los expedientes, la Junta reclama ya 17 millones por gastos no justificados. Además, se ha destapado que el exconsejero de la Junta Ángel Ojeda montó un entramado de empresas para cazar subvenciones que logró percibir sobre 50 millones en los últimos cinco años.