En un auto firmado el pasado día 4 un auto, la juez Mercedes Alaya, instructora del caso ERE entre otros, comunicó a los exconsejeros de Presidencia Gaspar Zarrías y Mar Moreno, a los que ya había mencionado en su informe elevado al Tribunal Supremo -que están siendo investigados y que podrían ser imputados por malversación y prevaricación.
Si se suman a ellos los consejeros ya imputados Antonio Fernández, José Antonio Viera, Magdalena Álvarez, Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila y Manuel Recio junto a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, no cabe duda de que es todo el "régimen" instaurado en 1982 el que está señalado con el dedo judicial.
Segun ABC, Alaya informó a los exconsejeros de la exposición razonada sobre las responsabilidades del presunto fraude de los ERE que elevó al Alto Tribunal y les ofreció la posibilidad de que se personen en las diligencias ante la posibilidad de que ambos resulten imputados.
Es curiosa la referencia de la juez a la posible tardanza del Tribunal Supremo en resolver sus problemas de competencia en el caso. Aludiendo a esta dilación, la juez afirma que "resulta procedente comunicar a ambos la existencia de la presente investigación y el contenido de la citada exposición" porque pudieran resultar en el futuro inculpados por el Tribunal Supremo y porque es preciso que dispongan ya de la facultad de asumir la condición de parte posibilitándoles el traslado de las actuaciones y la participación en las diligencias que se practiquen.
Otro auto firmado el mismo día aludía a la imputación en el caso ERE de veinte personas más alcanzándose ya la cifra de 227 imputados, una cifra que, al parecer, no tiene precedentes. Considera El Mundo que "ni por asomo ha habido en España un caso de presunta corrupción de semejante alcance ni tanta trascendencia política" y le resulta evidente que, al margen de su crisis intestina, "el PSOE se juega prácticamente en este envite el resto de una partida que se ha prolongado demasiado tiempo sin cambiar de baraja".
Las nuevas imputaciones tienen que ver con los informes de la Guardia Civil sobre los presuntos ERE fraudulentos en las empresas Hitemasa, Samec, Primayor e Inverjaen.
En el ERE de Hitemasa se han descubierto nuevos casos de intrusos -personas que se beneficiaron de los ERE pese a no haber trabajado nunca en la citada empresa-, por lo que decide imputar a Félix Claros, Antonio Luque, Fernando Pérez, Ana Luna, Francisco Amores, Felipe Cortés, José Gálvez y José Torres.
Ampliada la imputación de Antonio Fernández
Alaya ha ampliado, además, la imputación del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, que se perfila como el gran pagano de la causa de los ERE y lo convierte en figura política clave del caso si algún día se decidiera a contar lo que ocurrió verdaderamente en el caso ERE y la formación, en la que está asimismo imputado.
Además, Alaya ha ampliado las imputaciones de los ex directores generales de Trabajo, del exviceconsejero Agustín Barberá, Francisco Javier Guerrero, Jesús María Rodríguez, del exviceconsejero de Innovación, Miguel Angel Serrano, el director de IDEA, María Vaqué, Eduardo Pascual, Antonio Albarracín y Jesús Bordallo.
Igualmente, menciona al ex consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Francisco Vallejo, como colaborador "imprescindible" en esta trama desde la Agencia IDEA.