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Una Agencia "paralela" de la Junta subvenciona a otra ocultando los destinatarios reales

Las subvenciones alcanzan un importe superior a los 30 millones de euros.

En la Junta de Andalucía y en su Boletín Oficial, aparece una resolución de la Consejería de Economía, Innovación y Empleo en la que se publica una relación de subvenciones por un importe superior a los 30 millones de euros.

Quien concede las subvenciones es la Agencia Andaluza de la Energía, un ente de la administración paralela de la Junta. Quien las recibe, todas menos dos, y son 113, es la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, otro ente "paralelo" perteneciente a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía.

La primera de ellas está regida por el PSOE y la segunda por IU. Con el objetivo explícito de dar publicidad a la subvenciones se hace justamente lo contrario: no publicar la identidad de los destinatarios reales, si es que los hay.

La decisión de remitir todo ese dinero de Agencia a Agencia fue adoptada en un Decreto Ley, el DL 1/2014 de 18 de marzo de este año por el que se regula el Programa de Impulso a la Construcción Sostenible de Andalucía y se efectúa su convocatoria para los años 2014 y 2015 (BOJA núm. 58 de 26/03/2014). En él se hace constar la relación de subvenciones concedidas en el periodo abril-julio de 2014, cofinanciadas con fondos del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013. En este decreto, junto a las subvenciones destinadas a la Agencia de Rehabilitación y Vivienda, aparecen otros destinatarios con sus nombres y apellidos.

En todos los casos, el concepto de todas y cada de las subvenciones es "fomento del ahorro y la eficiencia energética", si bien sólo aparece el nombre de dos destinatarios reales y físicos: María Concepción Sepúlveda González y Salvador MyroBorrero. La resolución la firma Marbella Escobar Morales, secretaria general de la Agencia Andaluza de la Energía. 

De esta manera, aunque las subvenciones aparecen publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, resulta imposible saber el nombre real de los destinatarios físicos o jurídicos de las mismas.

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