A mediados de julio, el Servicio Andaluz de Salud -SAS- concedió a Ambulancias Tenorio el contrato para el transporte de enfermos en la provincia de Sevilla, que durante una década podría traducirse en unos ingresos de 236 millones de euros.
La decisión dejó fuera a Transporte Sanitario Integral de Sevilla -TSIS-, formada por ADEA y SSG, que interpusieron los correspondientes recursos de impugnación y de reposición por vía administrativa, con un desenlace que aún no se ha producido. Ahora, una de las empresas excluidas del megacontrato de ambulancias convocado por el SAS en la provincia de Sevilla, ADEA, que compareció al concurso con SSG, ha decidido presentar una denuncia por prevaricación contra el Servicio Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía. Ambulancias Tenorio sostiene excelentes relaciones con UGT Andalucía, quien no ocultó su influencia para que se le concedieran anteriores concursos, como informó Libertad Digital.
Según destaca hoy ABC, ADEA ha decidido dar un paso más y ultima una denuncia por un delito de presunta prevaricación, al entender que la decisión del SAS estuvo plagada de irregularidades, todas ellas encaminadas a un presunto trato de favor a la compañía de Ambulancias Tenorio, como fue aceptar como válidos vehículos que no reúnen las condiciones requeridas.
El diputado del PP andaluz, Rafael Salas, aseguró el miércoles que sobre este "megacontrato" penden una serie de denuncias "privadas y públicas", que exigen "explicaciones al más alto nivel y la máxima transparencia". La consejera de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, garantizó que el concurso se había realizado con estricto cumplimiento de la ley y "respetando absolutamente los procedimientos y los plazos establecidos". Igualmente, afirmó que Ambulancias Tenorio había formado una unión temporal de empresas -UTE- con una de las excluidas, ADEA, cosa que esta empresa ha negado.
Rafael Salas manifestó que no se trata de un procedimiento común, porque lo que se ha hecho es otorgar "un monopolio", a partir de una actuación que está plagada "de incertidumbres". Por ello, preguntó a la consejera si es normal que se adjudique el contrato a la empresa que presentó la oferta más cara, con una diferencia de 1,2 millones de euros. A una de las empresas, añadió, no se le puntúa en la flota de ambulancias la tarjeta de transporte porque carece de las mismas, obviándose que no se pueden obtener, por imperativo legal, antes del fallo del certamen. Y también preguntó por qué se puntuó una documentación "solicitada a posteriori" que no está prevista en el pliego de licitación, y si se puede garantizar que todos los vehículos de la empresa ganadora cumplen con la normativa vigente.
"Tráfico de coincidencias"
Salas aludió a un "tráfico de coincidencias", en referencia a una manifestación del sindicato UGT, que meses antes de que se celebrara el concurso admitió en una nota pública que estaba haciendo gestiones con la Consejería, con el distrito central de Sevilla, las gerencias de los hospitales y "por supuesto con los compañeros del PSOE de Sevilla" para que Ambulancias Tenorio se hiciera con el contrato. "Eso es muy grave" y dirigiéndose a la consejera le preguntó si se va a investigar.
Otra coincidencia es que la empresa adjudicataria comprara 90 ambulancias con un riesgo de tres millones de euros "días antes del concurso" y sin conocerse el pliego de condiciones.