La Cámara de Cuentas refleja que el SAE varió el 68% de las resoluciones de concesión iniciales en la etapa en que se dieron gran parte de las ayudas al exconsejero Ojeda.
Lo dice la Cámara de Cuentas de Andalucía en su Informe de Fiscalización sobre las Subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo para formación profesional para el empleo y seguimiento de las recomendaciones incluidas en el informe de 2004. 2009-2010 -BOJA núm. 30, 13-02-14. La propia institución de control afirma que de ese comportamiento podrían derivarse responsabilidades administrativas. En esos años, se concedieron al exconsejero Ojeda la mayoría de los más de 50 millones de euros que recibió y que ahora son investigados judicialmente.
En concreto y textualmente, la Cámara de Cuentas dice sobre las Modificaciones de las resoluciones de concesión que:
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en el 68% de los expedientes revisados se ha modificado la resolución inicial de concesión, afectando dichas modificaciones en el 75% al contenido o forma de ejecución de la actividad subvencionada, en el 72% al plazo de ejecución -y consecuentemente al de justificación- y en el 15% a la ampliación específica del plazo de justificación de los gastos subvencionados.
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el plazo de ejecución se ha llegado a demorar hasta 15 meses y 5 meses el de justificación.
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aunque estas modificaciones están previstas para circunstancias excepcionales o de fuerza mayor que alteren, dificulten o imposibiliten el desarrollo de la actividad subvencionada tal y como fue aprobada y, en todo caso, si no daña los derechos de terceros, en el 51% de los expedientes modificados, la solicitud no explica de forma detallada las razones que la originan y en el 25% ésta no se formula con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias que la justifican, tal como establece la orden reguladora. Especialmente ocurre en las solicitudes de ampliación de plazo que se tramitan en fechas muy cercanas a la finalización del periodo de ejecución o de justificación.
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en el 28% de los casos, las modificaciones de las acciones formativas subvencionadas han sido acordadas por la Comisión Mixta, sin que hayan sido aprobadas por el órgano competente -quien dictó la resolución de concesión- mediante la emisión de la correspondiente resolución. de modificación. Las Comisiones Mixtas en ningún caso pueden acordar modificaciones, sino tan sólo proponerlas.
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de las resoluciones de modificación no siempre se desprenden de forma clara los motivos que justifican los cambios, los cursos cuyo importe disminuye por gasto no realizado, la identificación de las nuevas acciones programadas y la valoración económica. Por otro lado, en 31 expedientes de los revisados, dicha resolución se emite incumpliendo el plazo de un mes previsto.
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"...de este hecho pudieran derivarse responsabilidades administrativas."
Otras irregularidades
Como ya informó Libertad Digital en enero de este año, la Cámara de Cuentas denunció, además, que las ayudas fueron concedidas sin cumplir la legalidad dado que "el 89% y el 36% de las ayudas de 2009 y 2010 se concedieron utilizando el procedimiento de concurrencia no competitiva" y que "tan sólo el 11% de los cursos subvencionados en las convocatorias de 2009 y 2010 conducían a la obtención de certificados de profesionalidad".
Por si fuera poco, más de la mitad no se justificó en plazo legal. Por ello, podría darse lugar a la exigencia de responsabilidades administrativas y contables.
Todo partió de la gran operación política socialista de Manuel Chaves conocida como "política de concertación" iniciada en 1993 y que ha durado hasta ahora. Aunque ha sido considerada siempre como el instrumento clave del desarrollo económico andaluz, jamás evitó los picos ni el diferencial de paro, los mayores de España, desde entonces a nuestros días. Esto es, jamás sirvió para la creación de empleo.
La Confederación de Empresarios de Andalucía -CEA-, CCOO-A, UGT-A y la extinta Fundación Fondo de Formación y Empleo -Faffe-, integrada en el Servicio Andaluz de Empleo tras la puesta en marcha de la "ley del enchufismo", recibieron en los dos años analizados el 37 por ciento de las ayudas para formación de ocupados y desempleados, es decir, 275,9 millones de euros. Desde 1993, la cantidad percibida por estos agentes sería superior a los 2.000 millones de euros. En el punto 142 de sus Conclusiones y Recomendaciones, la Cámara encuentra que muchos de los hechos comprobados por su informe podrían dar lugar a responsabilidades administrativas y contables.