Demoledor auto del juez instructor del caso Madrid Arena. Eduardo López-Palop mantiene la imputación de dieciséis personas en la causa, entre ellas el jefe de la Policía Municipal de la capital, Emilio Monteagudo, y considera que deberían ser juzgadas por cinco supuestos delitos de homicidio imprudente y diez de lesiones.
El titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid adopta esta decisión en el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, de 25 páginas, que pone fin a la instrucción del caso Madrid Arena por la tragedia ocurrida el 1 noviembre de 2012.
Tras conocerse esta imputación, el Ayuntamiento de la capital emitió un comunicado informando de la dimisión de Monteagudo. En el auto, el magistrado es especialmente crítico con la actuación policial. En contra de lo mantenido por el jefe de la Municipal, López-Palop da por probado que existió un botellón en las inmediaciones del pabellón y que éste fue una de las causas determinantes de la tragedia. "Es especialmente reseñable que la Policía Municipal de Madrid, expresamente encargada del mantenimiento del orden exterior del recinto y de evitar que aconteciera un 'botellón' notoriamente ilegal, si bien quizás, fuera excesivo decir que brilló por su ausencia a lo largo de la noche, puede afirmarse que estuvo en el lugar de los hechos de forma manifiestamente insuficiente, esporádica y con una pasividad totalmente inadecuada para la gravedad de los hechos que estaban aconteciendo", sostiene el juez.
En otro momento del auto afirma: "la Policía Municipal de Madrid ni evitó, ni palió, ni aminoró, sino que tuvo una actitud que benévolamente puede ser calificada de contemplativa y en todo caso muy alejada de sus estrictas obligaciones". Para apoyar estas afirmaciones, Palop se apoya en varios testimonios policiales. Uno de ellos, el de la oficial al mando y responsable del operativo Madrid Arena, Cándida Jiménez, que declaró que el "botellón en la zona se debía controlar por la Policía Municipal, pero allí no había medios para controlarlo".
Esto lo corroboró una agente, quien señaló que "no se intervino en el botellón porque no había suficiente policía, y no van a ir seis policías a un sitio a oscuras, donde hay mucha gente, que bebe y se mueve y es muy complicado". Mantiene también que "eran muy insuficientes los policías" que allí se encontraban, le pareció "increíble que ese día no hubiera previsión" y que esto "se debió más al conflicto laboral para no pagar horas".
Esta agente sostuvo en su declaración que "Cándida (Jiménez) sabía perfectamente que no había suficientes policías y lo dijo por la emisora, que allí no había nadie colaborando con ellos y que en ocasiones anteriores se habían realizado reuniones por motivos de seguridad para eventos como el del Madrid Arena y en este evento no".
De hecho, Cándida Jiménez -a la que el juez le otorga demostrada experiencia- llegó a manifestar que llamó a su jefe cuando tuvo constancia del evento y que éste le contestó que "no sabía de qué le hablaba, que se les había olvidado ese servicio" y que "se buscara la vida para montar el dispositivo".
"En otros eventos del Madrid Arena se ha realizado el servicio con 60 o 70 agentes y para ese día sólo tenía doce" y únicamente con esos policías "no podía controlar el acceso al botellón que se presumía que se iba a celebrar".
Monteagudo cuenta además con una pieza separada en el caso Madrid Arena por falsedad documental. Abierta en noviembre de 2013, la pieza se refiere al documento fechado el 6 de noviembre de 2012 en el que se ordenaba el cambio de nivel de riesgo medio a alto la noche de la fiesta de Halloween del Madrid Arena. La oficial que se encargó del evento, Cándida Jiménez, manifestó en instrucción que esa orden jamás se produjo: "No me llegó nunca". Además, esta oficial al mando denunció ante el juez "presiones" de sus mandos "antes de venir a declarar en el día de hoy".
El juez concluye en este punto que existió "una evidente relación de causa a efecto, entre el botellón que nunca debió haber existido y el resultado letal producido. El macro botellón no fue la única causa, pero fue una de las causas y como la encargada de impedirlo era la Policía Municipal de Madrid, el máximo responsable de la misma debe responder por esta negligencia".
También es especialmente duro contra los médicos contratados por Miguel Ángel Flores, organizador del evento y principal imputado, y el habitáculo y los medios destinados para ellos.