La decisión de Alaya sobre los ERE pone contra las cuerdas al PSOE de Pedro Sánchez

Este martes se conoció que la juez Alaya había enviado al Supremo veinte tomos de la instrucción de los ERE con todo lo relativo a los aforados imputados. Los nombres de los altos responsables políticos que se conocían hasta el momento era dos expresidentes autonómicos -Manuel Chaves y José Antonio Griñán- y cinco ex consejeros: Carmen Martínez Aguayo (consejera de Economía entre 2009 y 2013); Manuel Recio (consejero de empleo de 2010 a 2012); Francisco Vallejo (consejero de Innovación de 2004 a 2009); Antonio Ávila (consejero de Presidencia entre 2010 y 2013) y José Antonio Viera (consejero de Empleo entre 200 y 2004).

A estos nombres se sumarían, según El Mundo, dos aforados más: Gaspar Zarrías, la mano derecha de Chaves, y Mar Moreno, la persona de confianza de Griñán. Zarrías fue consejero de Presidencia entre 1996 y 2009, hasta su marcha, junto a Chaves, a Madrid. Moreno ocupó el mismo cargo a partir de 2010 y hasta 2012.

La catarata de nombres supone que Alaya culpa del escándalo de los ERE a la cúpula de la Junta de Andalucía y del partido en el poder, el PSOE. A falta de conocer en detalle los argumentos de la juez para instar al Supremo a que investigue, de lo que se ha filtrado hasta ahora se deduce que para Alaya fue el Gobierno de Andalucía, al más alto nivel, el que implantó el sistema de entrega de subvenciones sin control, lo que constituye, a su juicio, "una auténtica subversión del ordenamiento jurídico. En el escrito añade que existía una "directriz" para que el sistema se mantuviera a lo largo de los años, independientemente del cambio de nombres en el Ejecutivo andaluz. Tanto a Zarrías como a Moreno, los nombres sorpresa de la juez, les considera responsables de mantener el sistema desde sus cargos.

El parón informativo del mes de agosto ha hecho que el silencio del PSOE sea menos elocuente, pero no podrán mantenerlo en septiembre, el mes en que, previsiblemente, se tomarán las principales decisiones en torno al caso. En ese mes se podría conocer el nombre del instructor y se sabrá cuáles serán sus diligencias para decidir si actúa contra los aforados o no. En los próximos días, además, es posible que la Sala de Vacaciones del Alto Tribunal dicte una providencia pidiendo al fiscal que se pronuncie sobre la exposición razonada.

Hasta ahora, la posición de Pedro Sánchez sobre los ERE ha sido prácticamente idéntica a la de su principal respaldo, Susana Díaz. Sostiene que el PSOE sí ha actuado ante el escándalo y que sí ha dado respuesta, en alusión a la comisión de investigación que fue cerrada en falso y a las investigaciones internas sobre lo ocurrido.

La respuesta, sin embargo, se le quedará corta si el Supremo decide imputar a los principales cargos de los últimos gobiernos de la Junta y a sus dos ex presidentes, entre los que se encuentra el hasta hace muy poco presidente del partido y principal mentor de Díaz. La autocrítica, de momento, ha brillado por su ausencia. Como ejemplo, lo ocurrido en el único debate que mantuvieron los candidatos a liderar el PSOE: Sánchez, como su entonces rival Eduardo Madina, coincidieron en decir que su partido había actuado con "contundencia". Sólo José Antonio Pérez Tapias reconoció que no se habían asumido responsabilidades políticas.