El caso de los ERE fraudulentos, que la juez Mercedes Alaya ha elevado hoy al Tribunal Supremo en la parte que afecta a los aforados, reúne entre sus 201 imputados a todo el espectro social, desde influyentes banqueros y abogados hasta toxicómanos e indigentes que fueron usados como testaferros.
Los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán son la cabeza visible de un lista de imputados que incluye a ocho exconsejeros de la Junta de las áreas de Economía y Empleo, una decena de exviceconsejeros y una veintena de directores generales o responsables de agencias públicas. Abogados conocedores del caso se plantean las dificultades técnicas que implicará un juicio de esa envergadura, que obligará a reservar una sala del Palacio de Congresos o institución similar donde sentar a los imputados, que a día de hoy suman 201.
En el escrito enviado al Supremo aparecen los nombres de los siete aforados. El de los expresidentes Manuel Chaves y el de José Antonio Griñán. Además, también están cinco exconsejeros: Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo, José Antonio Viera y Antonio Avila.
Mientras tanto, otros dos exconsejeros no son aforados por lo que sus nombres no irán al Supremo (Antonio Fernández y Martín Soler) y en esta última situación se encuentra la única exministra y exconsejera acusada: Magdalena Álvarez, que en junio anunció su dimisión como vicepresidenta del Banco Europea de Inversiones.
En sus tres años de instrucción, la juez Alaya ha implicado a influyentes responsables bancarios como el presidente de Unicaja Braulio Medel o el expresidente de El Monte José María Bueno Lidón, a abogados de los bufetes Garrigues y Villasís y a conocidos empresarios como José González Mata, dueño de Uniter, José María Ruiz-Mateos y seis de sus hijos y a directivos de Altadis o el Grupo Barbadillo.
En el campo político, la juez ha imputado a exalcaldes socialistas como Rafael Rosendo (El Pedroso, Sevilla), Antonio Rivas (Camas, Sevilla) y Ángel Rodríguez de la Borbolla (Cazalla de la Sierra, Sevilla); a exconcejales como José María Sayago y Rafael Rosendo de la localidad sevillana de El Pedroso, a Ramón Polo (PP) de La Carolina (Jaén) y a José Antonio García Prieto (PSOE) de Camas (Sevilla).
Además, una veintena de sindicalistas han sido acusados por su papel en las ayudas investigadas, encabezados por un líder estatal: José Luis Montesinos, secretario general de FITEQA-CCOO, y un ex secretario general andaluz: Francisco Fernández Sevilla, de UGT-A.
Pero además están imputados Gonzalo Fuentes, secretario general andaluz de la Federación de Comercio de CCOO; Enrique Manuel Jiménez, secretario andaluz de la Federación de Industria de CCOO; Juan Antonio Caravaca, responsable en Sevilla de esa federación; Salvador Mera, secretario general de UGT en Cádiz; y Manuel Morales, ex secretario general en Jaén de MCA-UGT.
El caso de los ERE tiene una vertiente de colocación deliberada liderada por el "conseguidor" Juan Lanzas, que colocó a tres cuñados suyos como "intrusos" en otras tantas empresas, él mismo y su esposa se beneficiaron del ERE de Hitemasa, donde nunca trabajaron, y en marzo pasado la Guardia Civil seguía dando cuenta de amigos suyos que recibieron ayudas a las que, presuntamente, no tenían derecho.
El ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero incluyó como "intrusos" a cinco personas de su entorno y consiguió para su suegra varias ayudas, recibió dinero en efectivo y aceptó viajes a Shanghai y Egipto a cambio de no convocar procesos públicos para las ayudas, según Alaya.
Su chófer, Juan Francisco Trujillo, llegó a gastarse 25.000 euros al mes, procedentes de fondos de la Junta, en cocaína, copas y fiestas para su jefe, acudía a recoger la droga en el coche oficial y ha sido acusado de crear empresas "pantalla" para recibir los fondos destinados a Guerrero.
El presunto "camello" de Guerrero, Gregorio M.P., además de recibir dinero de la Junta para unas empresas que creó en la Sierra Norte de Sevilla, fue recomendado por el exdirector general para que lo colocasen como comercial en Vitalia, una de las aseguradoras que trabajaba con la Junta.
El elenco de imputados se completa con otras personas como Juan Francisco A.L., que vive en un centro para transeúntes y que está acusado de ser testaferro de empresas en las que, según su declaración, llegó a cobrar más de dos millones de euros aunque él "nunca vio una peseta".