Una empresa incluyó en su ERE a un trabajador cesado ocho años antes

La empresa Aglomerados Morell, una de las investigadas en el caso de los ERE, incluyó entre sus prejubilados a su dueño, que había cesado ocho años antes, y a un trabajador que solo llevaba seis meses en la compañía, según un informe de la Intervención General del Estado.

Dicho informe, al que ha tenido acceso Efe, dice que el coste de estas dos personas fue de 736.925 euros, sobre un importe total de la póliza de 2.706.146 euros por los 26 trabajadores que se prejubilaron, y añade que las aseguradoras cobraron una sobrecomisión de 402.303 euros.

El informe se ha entregado a la juez de los ERE, Mercedes Alaya, quien había solicitado a los interventores del Estado un análisis individualizado de las ayudas otorgadas con cargo al programa 31L de la Junta de Andalucía.

Dicen los interventores que en la concesión de esta ayuda se prescindió "total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido" y se hizo con cargo a "un concepto presupuestario inadecuado", por lo que la ayuda "pudiera ser nula de pleno derecho".

El pago de las ayudas a través de las llamadas transferencias de financiación a las agencias andaluzas IFA e IDEA "fue indebido, dado que su destino está limitado por ley de manera exclusiva a la cobertura de pérdidas de dicha entidad", por lo que IFA e IDEA "están obligadas, por ley, a devolver a la Tesorería de la Junta de Andalucía los fondos no aplicados a dicha finalidad".

En la ayuda "no consta la aplicación de criterios de publicidad, concurrencia y objetividad legalmente establecidos para la concesión de subvenciones".

Tampoco "se ha acreditado el carácter excepcional de la ayuda concedida por la Consejería de Empleo", que no podría tener ese carácter ya que la Junta concedió "ayudas similares de forma habitual y reiterada durante un largo periodo de más de diez años".

En el expediente de Morell "no consta solicitud formal de la ayuda para la prejubilación de 24 trabajadores" ni resolución motivada de concesión ni los requisitos exigidos a los beneficiarios, añade la Intervención General del Estado.

La entrega de esa ayuda "no fue sometida por la Consejería de Empleo a fiscalización previa de la Intervención Delegada en dicha Consejería, como era legalmente exigible", añade el informe.

Entre los prejubilados se encontraba el dueño de la empresa, Jorge Morell, que no tenía relación laboral con la empresa desde hacía 8 años, y José Luis Llorente, que solo llevaba trabajando seis meses.

La documentación existente en el expediente, concluye la Intervención, "es incompleta, fragmentaria y no posee orden cronológico o sistemático alguno", además de carecer "del mínimo rigor exigible en la gestión de fondos públicos".

Aglomerados Morell solicitó en 2008 un ERE cuyo objetivo era jubilar a sus trabajadores y trasladarse desde la localidad sevillana de Santiponce a Villanueva del Río y Minas (Sevilla).