La operación policial sobre el supuesto fraude en cursos de formación de la Junta de Andalucía, que el pasado lunes provocó la detención del exconsejero de Hacienda de ese Gobierno entre 1987 y 1990, Ángel Ojeda Avilés, sigue abierta y se van conociendo nuevos datos.
Según revela este miércoles El Mundo, la Junta de Andalucía exoneró a Ojeda Avilés de justificar en plazo 45 subvenciones otorgadas a nueve de sus empresas, lo que posibilitó que pudiera seguir recibiendo ayudas. La Administración justificó la medida por entender que concurrían circunstancias "de especial interés social".
Fue Antonio Ávila el que en diciembre de 2012 dictó, como presidente del Servicio Andaluz de Empleo, una resolución en la que eximía a varios centenares de empresas y entidades a justificar en tiempo y forma las subvenciones recibidas como condición ineludible para poder optar a nuevas ayudas. Entre los beneficiarios de esa medida se encontraban nueve empresas y asociaciones controladas por Ojeda Avilés.
Tal y como revela este diario, la exoneración es una medida extraordinaria a la que ha recurrido en varias ocasiones la Administracion andaluza. Por ejemplo, en 2011, el entonces consejero de Empleo, Manuel Recio, dictó una resolución eximiendo de cumplimentar en plazo la justificación de ayudas concedidas a 149 entidades , correspondiendo el grueso de las ayudas a los sindicatos UGT y CCOO.
Captó fondos cuando lo investigaba la policía
Otro de los datos que ha revelado este miércoles, en este caso por el diario El País es que el entramado empresarial de Ojeda siguió recibiendo ayudas públicas incluso después de que la policía hubiese empezado a investigar la presunta captación ilegal de los fondos de formación. En noviembre de 2013, con las pesquisas en marcha, la red logró captar otros cinco millones de euros de dinero público estatal con idéntico fin.
Una concesión que curiosamente se hizo a través de la Fundación Tripartita, en la que están representados el Gobierno, sindicatos y patronal, pese a que fue Comisiones Obreras la que denunció internamente prácticas similares a las que la policía envió por escrito en sus informes a la fiscalía Anticorrupción: "Lo que podemos ver es que los solicitantes de los cuatro expedientes están relacionados por más de un vínculo (propiedad, alquileres, cargos) y que se alquilan locales los unos a los otros. Así, por ejemplo, Ángel Ojeda aparece en varios expedientes como presidente del patronato de Forpe (expediente F130405), presidente de la Asociación de Empresas Aeronauticas (F130529AA), de la Agrupación de Empresas Aeronauticas de Andalucía (F130405AA), representante legal de Inteca (F130554AA) y presidente de Humanitas (F130534AA)" recoge este diario.
La denuncia que presentó CCOO contra Ojeda para impedir el cobro de tales fondos estatales era contundente: "Tanto Forpe (fundación integrada por varias firmas de Ojeda) como las asociaciones que las integran hay suficientes noticias sobre mal uso abuso de fondos públicos, incluso varios procedimientos abiertos en juzgados de lo penal e inspección de trabajo por impartir cursos de dudosa eficacia a los trabajadores de la extinguida factoría de Delphi, formadores no dados de alta en la seguridad social, facturas falsas, cursos supuestamente no realizados".
Los reparos de este sindicato no impidieron que los cursos fueran adjudicados por la Fundación Tripartita. El Ministerio de Trabajo consideró insuficiente el relato del sindicato.