PSOE, IU, ICV, ERC, CDC, PNV y Bildu asistieron a la reunión convocada este martes por Podemos y abierta a todos los partidos políticos españoles para consensuar posturas frente a la última decisión del Tribunal de Luxemburgo señalando que la normativa española contraviene el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales al dar menos derechos procesales a los deudores que a los bancos.
Sólo PP y UPyD se han desmarcado de la propuesta de Iglesias. Ciutadans no pudo asistir a la reunión de este martes pero mostró su predisposición a trabajar con la mayoría.
El portavoz de Podemos, Pablo Iglesias, contó a Efe que los eurodiputados han decidido en un primer contacto trabajar para enviar un texto al Gobierno y que podría estar listo este miércoles. "Estoy muy contento porque han asistido prácticamente todos los grupos. Existe una valoración común respecto a la sentencia del Tribunal de Luxemburgo y sobre el hecho de que la Ley de Enjuiciamiento Criminal es lesiva con los derechos fundamentales que se concretan en el drama de los desahucios", explicó a Efe a la salida de reunión.
Por su parte, el eurodiputado del PSOE Juan Fernando López Aguilar dijo a Efe que, además de la petición conjunta dirigida al Gobierno, los eurodiputados se han puesto de acuerdo en exigir a la Comisión Europea que obligue a España a cumplir la normativa europea y que solicitarán una entrevista con la comisaria interina de Justicia.
"Desde el Parlamento Europeo podemos urgir a la Comisión a que vele por el cumplimiento del Derecho europeo", explicó el eurodiputado socialista, quien culpó "a la Ley de Enjuiciamiento Civil aprobada en el año 2000 bajo mayoría absoluta de (José María) Aznar" de "dejar en desprotección al deudor frente al banco".
En la reunión también participó el abogado experto en derecho hipotecario Rafael Mayoral, que explicó a la prensa que la normativa española, según el Tribunal de Justicia de la UE, "viola sistemáticamente los derechos humanos".
El Tribunal Europeo ha estimado que los ejecutados también deben tener el derecho de oponerse a una decisión judicial desfavorable. Sólo los bancos podían ejercer hasta ahora ese derecho.
La última revisión de la norma hipotecaria española se produjo después de que en marzo de 2013 la Corte declarase "abusivas" las cláusulas hipotecarias españolas con una sentencia que fue bautizada con el nombre del demandante, Mohamez Aziz.