Como ya anticipó Libertad Digital en una investigación de 2010, sindicatos y empresarios andaluces se embolsan casi la mitad de las ayudas para formación. Desde 1998, la Cámara de Cuentas no ha hecho ningún informe de fiscalización de la subvenciones concedidas a sindicatos ni a empresarios ni su justificación de gastos. De ese único informe sabemos que CCOO, UGT y la CEA dedicaron ayudas millonarias no a formación, sino a "otros menesteres".
Ahora, gracias al contenido del sumario abierto sobre las irregularidades de UGT, sabemos que UGT de Andalucía creó una "estructura empresarial ex profeso" para hacerse con el dinero público y que, sistemáticamente, se quedaba con carácter previo con el 20 por ciento del importe de las subvenciones a los cursos de formación.
Según los datos conocidos y demostrados en LD, buscando las subvenciones en el buscador del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y preguntando por "subvenciones ugt"-de 2004 hasta febrero de 2009, UGT recibió en calidad de subvenciones de 2004 hasta febrero de 2009 la cantidad de 122.433.196 euros. CCOO recibió por el mismo concepto y en el mismo período la cantidad de 143.049.447 euros. En 2012, ambos recibieron una cantidad próxima a los 40 millones de euros. Si UGT se quedaba con el 20 por ciento de las subvenciones a la formación y estas han sobrepasado con mucho los 200 millones de euros en los últimos diez años, estamos ante un negocio redondo sindical, acrecentado, por cierto, en épocas de crisis.
Pero ahora lo asegura asimismo el sumario donde consta la instrucción que sobre el caso UGT Andalucía se sigue en el juzgado de instrucción cuyo titular es Juan Jesús García Vélez. En dicha instrucción y en los documentos, se han seguido las pistas aportadas por Libertad Digital que durante un mes fue el único medio nacional que desveló estas irregularidades. Dice así el sumario: "Los sindicatos "retendrían a su favor cantidades que oscilan alrededor del 20 por ciento de las subvenciones recibidas y que deberían ser dedicadas a acciones formativas". De este modo subraya ABC, consiguieron "una importantísima fuente de financiación proveniente de fondos públicos dedicados a formación profesional, en detrimento de la calidad de dicha formación".
Es más, los agentes investigadores del caso añaden que los sindicatos diseñaron "una estructura empresarial ex profeso" para "justificar el presunto desvío de fondos públicos supuestamente malversados" destinados a financiarse.
Los líderes lo sabían todo
Se ha sabido ahora que incluso tuvieron que pinchar teléfonos del ex tesorero, Federico Fresneda y al ex secretario general Francisco Fernández y a la responsable de Compras del sindicato.
Tanto Manuel Pastrana como el propio Francisco Fernández, ambos ex secretarios generales, lo sabían todo, desde la existencia del "bote" cobrado a proveedores con el eufemismo de "rappel" a las facturas "reelaboradas" a las empresas que contrataban con dinero de la Junta. Es más, a todo ello se le llegó a llamar en la cúpula sindical según un testigo "canon revolucionario".
Incluso se ha llegado a testificar que el saldo de los botes "se utilizaba para afrontar gastos no justificables como los de manifestación, viajes del secretario general o habitaciones -en hoteles- para Cándido Méndez".
Precisamente debido a la publicación de las noticias sobre estas irregularidades, la Guardia Civil apreció u notable riesgo de destrucción o alteración de pruebas por lo que se obtuvo la orden para registrar las sedes del sindicato en Sevilla y Córdoba, además de las empresas Soralpe y otras utilizadas por Fresneda para gestionar la administración de UGT-A.