UGT-A justifica la creación de un 'bote' con el dinero de las subvenciones

La actual secretaria general de la UGT de Andalucía, Carmen Castilla, ha asegurado este viernes que si se demuestra que los ex secretarios generales del sindicato Manuel Pastrana y Francisco Fernández, y otros miembros de la anterior Ejecutiva "son culpables que respondan ante la justicia".

En declaraciones a los periodistas, la dirigente sindical ha respondido en estos términos sobre el caso que mantiene imputados en el juzgado de instrucción 9 de Sevilla al extesorero de la UGT-A Federido Fresneda, a dos responsables de la contabilidad del sindicato y a trece empresarios "de confianza" que presuntamente se prestaron a emitir facturas falsas que luego el sindicato entregaba a la Junta para justificar las subvenciones para formación.

Varios testigos del caso de las presuntas facturas falsas de la UGT-A afirmaron que toda la Ejecutiva Regional cobraba sobresueldos de entre 900 y 3.000 euros mensuales pagados en parte con fondos de la Consejería de Empleo, y que el descuento que exigían a sus proveedores era conocido como "canon revolucionario".

Carmen Castilla, que ha recordado que no opina de los autos judiciales y que el gabinete jurídico del sindicato está estudiando el sumario, se ha comprometido a tomar en breve las "medidas oportunas".

Preguntada por la posible implicación de los ex secretarios generales, Manuel Pastrana y Francisco Fernández, en el denominado "canon revolucionario", ha sostenido que "si se demuestra que son culpables que respondan ante la justicia". No obstante, ha recomendado a los periodistas que lean una normativa andaluza del 23 octubre del 2009 sobre la regulación de subvenciones de formación profesional.

"En la misma existe un apartado que dice que el hasta el 20% de los costes directos y asociados que están definidos en la subvenciones son legales", ha asegurado, por lo que ha agregado que "habría que ver a qué tipo de subvención se refiere el sumario y si podría absorber ese porcentaje".

La dirigente de la UGT-A ha recalcado en varias ocasiones que si tuviera la información que consta en el sumario ofrecería más explicaciones y se ha comprometido a opinar sobre el mismo al sostener: "Yo soy muy transparente y quiero que todo esto se aclare lo antes posible".

Interpelada por si el sindicato tiene previsto realizar una investigación interna a partir del contenido del sumario, ha contestado que la UGT-A ha tenido clausurado su archivo por orden judicial y que no ha podido acceder a la información que contiene. "El sumario me va indicar muchas cosas y vamos a comunicar las actuaciones que va a llevar a cabo el sindicato en breve, sin dilatarla en el tiempo", ha dicho.

Carmen Castilla ha reconocido que su sindicato atraviesa una situación "delicada", como otras organizaciones sindicales, partidos políticos e instituciones, ha matizado. "Estamos casi a diario en las portadas de los periódicos pero sin ninguna condena. No existe todavía ninguna condena firme que diga que en la UGT se ha cometido un delito y cuando lo haya, si lo hay, se tomarán medidas", ha sostenido.

Castilla ha admitido también que cuando el sindicato decidió renovar la Ejecutiva hace unos seis meses "sabíamos que había un problema de credibilidad" por las publicaciones en los medios de comunicación. Aún así, ha defendido la presunción de inocencia, al tiempo que ha rechazado que "se impongan estigmas" y ha confesado no haber mantenido ningún contacto con los ex secretarios generales