María José Rofa, que fuera secretaria en la Dirección General de Empleo y asesora de la Consejería, ha acusado hoy a la Junta de Andalucía de manipular los documentos de los expedientes de los ERE en una nota escrita entregada a la juez Alaya.
A pesar de su colaboración con la Guardia Civil, a la que aportó documentación y detalló las operaciones de la Consejería entre 2008 y 2010 cuando se intentó ordenar el caos dejado por el anterior director general Javier Guerrero, la juez le imputó tres delitos por su tramitación de los expedientes en el caso de los ERE: malversación, prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos, todos ellos continuados.
Rofa, técnica al servicio del ex director general Francisco Javier Guerrero, se ha acogido a su derecho para no declarar pero ha presentado a la juez una nota por escrito.
En el papel, que Alaya ha incorporado a las diligencias, Rofa asegura que la Junta de Andalucía ha manipulado los documentos de los expedientes y que lo ha hecho para incriminar a otras personas, a ella entre otros.
Rofa no ha querido declarar hoy porque cree que los expedientes de Altadis y A Novo no estaba completos y que la manipulación de la Junta ha llegado al extremo de introducir correos electrónicos suyos en la documentación para incriminarla a ella.
Tampoco ha declarado Francisco Javier Guerrero, exdirector de Trabajo de la Junta de Andalucia y uno de los principales imputados en el caso de los ERE fraudulentos. Su abogado ha explicado que el motivo de no declarar ha sido que la juez no le ha dado a conocer muchas declaraciones de la causa, un "secreto del sumario encubierto" y que podría estar indefenso.
Luego comparecerá Juan Márquez, que sucedió a Guerrero en la Dirección General de Trabajo y, tras él, su también sucesor, Daniel Alberto Rivera.