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El fraude de los cursos de formación se extiende a la provincia de Sevilla

El juzgado sevillano cuyo titular es Juan Gutiérrez Casillas ha abierto nuevas diligencias. Está decretado el secreto de sumario.

La Operación EDU, inicialmente centrada en un expediente de ayudas a la formación para el empleo de la provincia de Málaga, se extendió después a las provincias de Granada y Almería. Ahora, como consecuencia de las investigaciones de la UDEF, el caso ha saltado a Sevilla y se coordina, bajo secreto del sumario, por el juzgado de instrucción número 16, el mismo que afronta el caso Invercaria.

Ya la Cámara de Cuentas detectó que más del 90 por ciento de los cursos de formación a desempleados no fueron controlados y más de un 75 por ciento de los dirigidos a ocupados no fueron comprobados. De hecho, la Cámara decía que "en Sevilla y Málaga solamente se realizaron en 2010 visitas de seguimiento al 10% y 33% de los cursos para desempleados, respectivamente".

El juzgado sevillano cuyo titular es Juan Gutiérrez Casillas ha abierto nuevas diligencias previas por fraude en los cursos de formación en la provincia de Sevilla. Aunque en fase inicial según subraya ABC, entra dentro del campo de las tareas de la UDEF, en el marco de la operación EDU. De hecho, la Delegación Provincial de Empleo de Sevilla parece haber actuado del mismo modo que la de Málaga con fondos de formación aportados a empresas.

Decretado el secreto de sumario

El juez decretó el secreto del sumario y podría estarse ante otro escándalo de considerables proporciones que podría extenderse a las demás provincias andaluzas, lo que confirmaría que lo ocurrido -dar cursos a empresas que no cumplían los requisitos o incumplirse los objetivos de contratación, entre otras muchas irregularidades- no fue casualidad sino el procedimiento habitual.

Como ya es sabido, la Policía ya ha considerado una "red clientelar" todo este montaje. En ese informe se dice que la Dirección General de Empleo otorgó más de 400 millones en los meses previos a las municipales de 2011 con la expresa finalidad de conseguir votos favorables al PSOE.

También se refería a las relaciones "entre partidos políticos y sindicatos" y los beneficiarios de las ayudas y aseguraba que era esta condición la que les facilitó el acceso a estas subvenciones, que de otro modo no hubiesen logrado al no cumplir los requisitos legales.

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