Sabíamos por el veterano socialista Alfonso Guerra que en el PSOE el que se movía no salía en la foto. La máxima ha resultado aplicable al régimen imperante en la Junta de Andalucía donde tampoco el que se mueve sale en la foto. Pero ocurre que a veces se logra saber cómo se hace posible que el que se mueva no salga en la foto. Esta es una de ellas.
Altos cargos de la Junta de la antigua consejería de Gobernación y la entonces alcaldesa de la localidad almeriense de Pulpí se confabularon para echar a la calle a un policía local que les resultaba incómodo por ser representante sindical y haberse presentado a las elecciones municipales por Izquierda Unida en 2009. A partir de ese momento se intensificó lo que puede considerarse una conspiración para acabar con el empleo y la carrera del policía de nombre José Antonio Ramos Mellado.
El documento básico que prueba la confabulación es el correo electrónico siguiente:
El correo está dirigido por Antonio Feria Moreno a Juan Antonio Saavedra Moreno. El primero, ligado desde los años 90 a la Consejería de Educación de la Junta, en el año 96 estaba liberado en CCOO y negociaba en la Mesa Sectorial de funcionarios. Formaba parte de la Ejecutiva regional de la FSAP de CCOO. Finalmente recala en la Consejería de Gobernación con cargo de libre designación. Luego fue trasladado, de nuevo, a la Consejería de Educación. En el momento del correo electrónico Feria Moreno era director de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía que es la que se encarga de la formación de la Policía Local en la Consejería de Gobernación antes y ahora desde la de Justicia e Interior.
Juan Antonio Saavedra Moreno era y es director general de Interior, Emergencias y Protección Civil de la Consejería de Gobernación en el momento de recibir el correo electrónico. Saavedra Moreno fue alcalde socialista de Martos y llegó a la Junta para controlar todo lo relativo a la seguridad andaluza como la Policía Autonómica, Emergencias 112, las elecciones autonómicas y la Escuela de Seguridad Pública. Su "generosidad" en cargar gastos a la Junta ha sido motivo de denuncia, alguna de ella en Libertad Digital.
En el correo, Feria le dice a Saavedra, su jefe, que al Policía Local referido hay que "echarlo" porque la entonces alcaldesa socialista de Pulpí, María Dolores Muñoz Pérez, le tenía "muchas ganas". Noticias de Almería informó en 2010 que, siendo alcaldesa, la empresa representada por Antonio José Chaves, Climocubierta, SA, "se embolsaría casi cinco millones de euros tras recibir adjudicaciones en Berja y Pulpí, haciendo que su empresa cuadruplique su valor en sólo dos años". Además, fueron adjudicadas a la empresa de Antonio José Chaves una guardería adjudicada por vía de urgencia a Pulpí y un polideportivo adjudicado por la Consejería de deporte.
La conspiración
Para echar al Policía la confabulación conllevaba las siguientes tareas:
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Retomar el expediente del policía y hacérselo saber al entonces instructor del mismo.
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Estar todos los miembros de la confabulación permanentemente en contacto, especialmente con la entonces alcaldesa de Pulpí y principal instigadora de la persecución del Policía Local.
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Es más, para evitar que el Policía se "escapara" del acoso se fragua una reunión en Sevilla de altos cargos de la Consejería y la alcaldesa.
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A esa reunión tenían que asistir además del director general Saavedra y el director de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Antonio Feria, otros dos altos cargos. Uno de ellos era, según la anotación escrita a mano en el correo electrónico, Javier Hidalgo, uno de los receptores de una copia del correo. Javier Hidalgo era el coordinador de Policías Locales. Otra destinataria del correo era la adjunta al Director General, María Dolores Gallardo Blanco-Morales. Y además, un tal Alfonso que no ha sido identificado.
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La decisión de echar al Policía debía partir del Ayuntamiento y luego todo se pondría en marcha.
El calvario de un Policía local
Así llamó La Razón a la situación penosa de este policía durante los últimos quince años. El Ayuntamiento lo apartó del servicio durante dos años y medio, que comenzaron a contar en julio de 2009 aun cuando la Escuela de Seguridad Pública archivó el caso. Luego, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía -TSJA-, fechada el 23 de junio de 2011, lo absolvió de todos los cargos y declaró nula la sentencia de la Audiencia que lo condenó a dos años de cárcel.
No terminó ahí la conspiración. Desalojada por las urnas la ex alcaldesa mencionada, le sucedió un alcalde del PP que continuó participando en la cacería del Policía. De ese modo, el caso volvía a reabrirse en 2013, después de la sentencia del TSJA a favor del Policía. El Consistorio de Pulpí vuelve a intentar sancionar al Policía basándose en una sentencia anterior del TSJA de medidas cautelares no ejecutadas. Y el Policía fue nuevamente apartado de su puesto entre 2013 y 2014 hasta que un informe demoledor de la propia Escuela de Seguridad Pública de Andalucía denunció la "torticera" confabulación desatada contra el Policía.
Aun cuando la ESPA desconocía la sentencia del TSJA cerró y archivó el expediente por nulidad del procedimiento, violación del principio non bis in idem -no se puede condenar dos veces por un mismo delito-, caducidad del procedimiento y prescripción de las presuntas infracciones.
Pero la posterior actuación del Ayuntamiento de Pulpí según el informe final "pone de manifiesto la existencia de serios indicios de actuación torticera, desleal, contraria a derecho por parte del Ayuntamiento de Pulpí". "El Ayuntamiento ha ocultado en todo momento la existencia de esa sentencia". "Se comprende que el Ayuntamiento de Pulpí, para eludir el cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia 327/2011 -la que absuelve al Policía- y revertir la situación intentara en 2013, con ocultaciones y falsedades, convencer a la Junta para reabrir el expediente y sancionar al interesado.
El informe llega a decir que se ha tratado de dar una vuelta de tuerca "temeraria y arbitraria", toda vez que es imposible aplicar una sentencia de medidas cautelares después de cumplir una sentencia firme. Por todo ello, se estima que la actuación del alcalde de Pulpí y el secretario del Ayuntamiento "pudiera ser constitutiva de delito penal". Señala posible prevaricación, delito contra los derechos de los trabajadores, delito contra los derechos individuales y delito de desobediencia a las resoluciones judiciales.
Los hechos fueron trasladados a los superiores en la Consejería hoy de Justicia e Interior que dirige el ex fiscal Emilio de Llera y se ha propuesto que sean elevados al Ministerio Fiscal y a la representación jurídica de la Junta de Andalucía.