La juez que instruye el caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha dictado un auto en el que amplía la investigación de las ayudas sociolaborales de la Junta de Andalucía a los años 2011 y 2012, y cita como imputado al exviceconsejero de Economía y Hacienda José de Haro Bailón.
En un auto notificado este miércoles, al que ha tenido acceso Efe, la juez pide la relación de ayudas concedidas hasta 2012 con cargo al programa 31.L de la Consejería de Empleo, el denominado "fondo de reptiles", y concede a la Junta un plazo de dos días para que remita las resoluciones en las que se acordaba su concesión y la fecha de abono.
Hasta ahora, la investigación en el caso de los ERE se había ceñido a las ayudas sociolaborales concedidas por la Junta de Andalucía entre los años 1999 y 2010.
El exviceconsejero imputado accedió al cargo en el 2009 tras ser secretario general de Hacienda desde 2004, donde estuvo a las órdenes de José Antonio Griñán como consejero de Hacienda y le correspondía "el impulso y coordinación de la política presupuestaria", señala la juez.
Como secretario general de Hacienda, "tendría una activa participación en el uso inadecuado de la partida presupuestaria de las transferencias de financiación en el programa 31.L de la Dirección General de Trabajo en el proceso de elaboración de los Presupuestos", indica el auto.
De igual modo, prosigue la juez, el imputado "conocería el falseamiento del presupuesto necesario en IDEA, creando gastos inexistentes, para que el uso de las transferencias de financiación por parte de la Dirección General de Trabajo a dicha Agencia fuera posible".
En el 2009 pasó a ser viceconsejero de Economía y Hacienda, cuya titular entonces era Carmen Martínez Aguayo, y en ese cargo tuvo una "participación activa" en el presupuesto del 2010, cuando se mantenía "la concesión de las ayudas sociolaborales al margen del procedimiento legalmente aplicable", según Alaya.
En el presupuesto del 2010, a pesar de la desaparición de las transferencias de financiación, era prioritario continuar el "sistema de transferencia a IDEA para dar cobertura a los compromisos adquiridos en virtud de expedientes de regulación de empleo, planes de prejubilación, ayudas para la viabilidad de empresas, en virtud del concierto con IDEA en vigor desde el año 2001", precisa la juez.
Con la del exviceconsejero, la juez Alaya eleva hasta 201 las personas imputadas en este caso, de los que 33 fueron altos cargos de la Junta de Andalucía.
En el mismo auto, Alaya cita a declarar el 23 de julio al exviceconsejero y al ex secretario general de la UGT-A Francisco Fernández Sevilla, que estaba previsto que declarara como imputado este martes, pero que no acudió a los juzgados por falta de citación judicial.