Las asociaciones por la libertad lingüística denuncian la inutilidad de ley Wert

El Consejo de Ministros ha aprobado un decreto para garantizar la enseñanza en castellano. De esta forma, dispone que en los casos de que no haya centros públicos que impartan clases en la lengua oficial el Estado pagará a los padres la escolarización de sus hijos en centros privados que sí lo hagan.

Sin embargo, el principal problema es que en esas comunidades autónomas no existen dichos centros, como denuncian las diferentes asociaciones en favor del bilingüismo.

Cataluña

Francisco Caja, presidente de Convivencia Cívica Catalana, ha explicado que "los colegios privados no existen prácticamente en muchos lugares de Cataluña". Ha recordado al Gobierno que debe garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos "como dice el artículo 10 de la Constitución".

La consejera de Educación catalana ha tachado el decreto de multa. Caja ha matizado que "es una multa que pagamos todos los ciudadanos porque ella incumple la ley" y ha subrayado que "el gobierno de la nación tiene los instrumentos para que el gobierno catalán acate las sentencias" en lugar de que tengamos que pagar con nuestros impuestos el incumplimiento de la ley". Para Caja, es "una tomadura de pelo".

País Vasco

María Aldecoa, presidenta de la extinta Plataforma por la Libertad Lingüística en el País Vasco, ha asegurado también que en el País Vasco "no existen prácticamente colegios privados".

Es la presidenta de una asociación ahora desaparecida porque "los padres han tirado la toalla, alguno llegó a denunciarlo hasta en tres ocasiones sin ningún tipo de resultado". Entretanto, "nuestros hijos van creciendo y pasando de curso sin que haya solución". Ha calificado de vergonzoso que "un gobierno no sea capaz de que se cumplan las leyes".

Galicia

Gloria Lago, presidenta de Galicia Bilingüe, ha indicado que la ley en sí supone un problema. "La Ley prevé que en las CCAA con dos lenguas haya dos vías: una para estudiar todo en la lengua cooficial y otra en la que la comunidad decide la proporción". El problema radica en que "la proporción es siempre atendiendo a la normalización lingüística que para los nacionalistas no acaba nunca".

De esta forma, "puede darse el caso que sea legal dar sólo dos clases en español". Lago ha denunciado que "en los públicos de Galicia se está enseñando todo en gallego mientras la Xunta nos deja en la estacada". Asimismo ha asegurado que "Feijóo tiene dos discursos, uno aquí y otro en Madrid".

Valencia

Y en la comunidad valenciana no se vive una situación mejor. David Sabido, secretario de la Asociación Nacional por la Libertad Lingüística, ha explicado que "en Valencia no se ha llegado a la gravedad de Cataluña pero si no se corrige va camino a ello". De esta forma, "la línea educativa en castellano deja la última palabra a los centros educativos". Si el centro "prima la ideología y la inmersión lingüística" el niño se queda sin clases en castellano.

En Baleares también tienen el mismo problema. Jorge Campo, de Círculo Balear, no ha podido intervenir en el programa Es la Tarde de Dieter porque estaba reunido con la consejera de Educación.

Baleares

Jorge Campos, presidente de Círculo Balear, se ha referido también al decreto, instantes después de la reunión con la consejería con los padres canarios que pedían educación en español para sus hijos.

Campos también ha calificado de "difícil" la "aplicación práctica" del decreto, aunque se ha manifestado a favor de que los padres se acojan a cualquier iniciativa de este tipo. "Que se acojan a toda la jurisprudencia, que reclamen" y que "lo hagan público", ha demandado.