Regulación de los cacheos, retenciones policiales de hasta seis horas, prohibición de redadas étnicas, tipificación de nuevas infracciones... El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el nuevo proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, que durante los últimos meses ha sumado las aportaciones que han llegado desde instituciones como el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal, el CGPJ o la Agencia de Protección de Datos.
Lo que no se conocía y ha dado a conocer el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, es que en las últimas semanas también se han recibido aportaciones de organizaciones no gubernamentales (ONG) como Amnistía Internacional, Greenpeace o Intermon Oxfam, algo que se habría producido debido a las fuertes críticas que había recibido el anteproyecto de ley desde sectores progresista, la que habían denominado como la "ley mordaza".
El titular de la cartera de Interior ha afirmado que esta nueva ley "contribuye a mejor la seguridad ciudadana sin menoscabo de los derechos y libertades reconocidas en la Constitución" y ha defendido que es un texto "profundamente garantista" y que tiene "pleno encaje en el sistema constitucional".
Según ha explicado, "va en sintonía con la reforma que se está efectuando en el Código Penal, en el que se despenalizan las faltas y que hace que algunas conductas que ahora estaban en Código Penal ahora sean cuestiones administrativas", al tiempo que destacó que "aumenta la seguridad jurídica" porque "mejora la tipificación de las infracciones".