El PP acusa a la Junta de comprar votos con fondos públicos

La secretaria general del PP andaluz, Dolores López, pidió ayer a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que "salga a dar explicaciones con carácter urgente" sobre el informe de la UDEF que señala que las ayudas defraudadas para formación se usaron para "obtener votos" de los andaluces.

La dirigente popular hizo hincapié en algunos de los aspectos del informe policial sobre cursos de formación subvencionados por la Junta, que implica al exconsejero de Hacienda, Ángel Ojeda como perceptor, a través de varias de sus empresas, de ayudas millonarias. El caso del exconsejero, sobre el que el PP andaluz ha preguntado en varias ocasiones en el Parlamento, se viene denunciando desde el año 2012.

López dijo que el gobierno andaluz "no puede excusarse en que han fallado los controles", dada la profusión de casos de corrupción relacionados con las ayudas públicas para la creación de empleo. "Es que no había controles ni voluntad de controlar dónde iba el dinero público de todos los andaluces", dijo la secretaria general.

"Lo que se ha hecho con el dinero de los andaluces es crear una red clientelar por parte de la Junta y del PSOE para conseguir apoyos electorales", dijo Dolores López, quien reiteró que "lo que ha hecho el gobierno socialista de la Junta es comprar votos con fondos públicos", y "normalizar sistema ilegal e irregular para pagar favores".

Tras denunciar el "juego sucio del gobierno del PSOE con el dinero de los parados" se preguntó "cuánto dinero más habrá ido a parar a los sumideros del PSOE", a quien acusó de "romper las reglas democráticas del juego de la manera más sucia posible".

Así, exigió a la presidenta de la Junta que dé una "explicación contundente" y aclare qué medidas va a adoptar. Además, recordó que el PP pidió hace una semana un pleno extraordinario sobre corrupción pero la presidenta "hasta la fecha se niega a hablar de este tema". No obstante, dijo que el PP seguirá "insistiendo".

El informe de la UDEF

Según la investigación de los responsables policiales del "caso Edu" es indudable la existencia de una presunta red clientelar tejida en el ámbito de la Administración autonómica.

En un informe anterior, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) explicó a la Fiscalía Anticorrupción de Málaga alertaba de supuestas "irregularidades en el otorgamiento y control de las subvenciones". Ya entonces pidió la citación de los empresarios de las academias de formación y de "aquellos funcionarios y responsables del organismo autonómico que otorgó las ayudas".

Dijo ABCF que "la combinación de auténticos "cazasubvenciones" y una ausencia alarmante de cualquier fiscalización de estos fondos públicos ha sido el caldo de cultivo de lo que los agentes consideran una "red clientelar".

Se añadía que muchas entidades no estaban capacitadas para la formación profesional, a pesar de lo cual, recibían encargos de cursos. Igualmente, se incumplía de forma generalizada el compromiso de contratación y se certificaba una absoluta falta de control de la ejecución de los cursos.

Curiosamente, una de las sociedades investigadas en el "caso Edu" fue evaluada por los técnicos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) con un cuatro sobre cinco y se hacía eco de un documento de la UDEF en el que se relatan "hasta siete supuestas irregularidades cometidas por diferentes órganos de la Junta", además de señalar con "nombres y apellidos" a cinco cargos. La policía sospecha relaciones de amistad entre el técnico que evaluó a la entidad y la propia entidad.

En su conjunto, la policía ha confeccionado un modelo de entramado donde los cazasubvenciones hacen su agosto. La Fiscalía Anticorrupción en otro informe subrayó que algunas ayudas de 2011 para acciones formativas con compromiso de contratación para desempleados —dentro del programa presupuestario 32D— habían "beneficiado a determinadas personas". Por ejemplo, el Ministerio Público citaba el caso de "un mismo beneficiario que habría obtenido subvenciones a través de varias sociedades vinculadas a él" por un importe de 14,6 millones de euros. Se trataba, ahora se sabe, del ex consejero de la Junta, Ángel Ojeda.

La primera fase de una nueva operación, en el marco de la Operacion EDU, se desarrolló este martes en Málaga y Granada con el resultado de 13 detenidos si bien sigue abierta y puede doblar en breve el número de detenidos.

De hecho, la investigación no se limita ya a la resolución de la Dirección Provincial del SAE de diciembre de 2010, en el que se hacen públicas las subvenciones concedidas a 20 personas físicas o jurídicas por un importe total de 1.722.558 euros, el montante defraudado por las 17 sociedades en las que hasta ahora estaba centrado el caso.