Detenido el expresidente de la comercializadora de armas de la SEPI

El expresidente de Defex, comercializadora de los productores de armamento españoles dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) José Ignacio Encinas Charro, se encuentra entre los 9 detenidos en España en la operación desplegada por la Guardia Civil contra una organización criminal acusada de defraudar cantidades millonarias de un contrato para el suministro de material policial con Angola suscrito por una Unión Temporal de Empresas (UTE), han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

Entre los 10 arrestados en la operación, denominada 'Angora', figuran, además, varios altos cargos de la compañía Cueto Group International, entre ellos su directora del Departamento Internacional, Iciar de Yraola. Defex y Cueto constituyeron en junio de 2008 la UTE ahora investigada para suministrar de equipamiento de la Policía Nacional de Angola. En aquel momento Encinas Charro, ocupaba los cargos de presidente, consejero y apoderado en Defex, que asumió en 1991 y mantendría hasta el año 2012.

El operativo ha provocado también el arresto en Luxemburgo de Beatriz García Paesa, sobrina del ex colaborador del Ministerio del Interior Francisco Paesa, que intermedió en la entrega del exdirector de la Guardia Civil Luis Roldán. Una agencia de detectives le localizó en noviembre de 2004 en este país europeo.

También la sobrina de Paesa

El nombre de Paesa apareció en varias ocasiones en las investigaciones llevadas a cabo por la Audiencia Nacional sobre la venta ilegal de armas en Angola por parte de miembros de los Grupos Antiterroristas de Liberación.

Según la Guardia Civil, la organización criminal desarticulada ahora se dedicaba a defraudar cantidades millonarias en contratos internacionales. Los responsables de la UTE, en colaboración con el despacho de abogados luxemburgués en el que trabaja García Paesa, desviaron presuntamente decenas de millones de euros a través de Nueva Zelanda, Gibraltar, Hong Kong, Suiza, Singapur, Islas Caimán, Madeira, Angola y Luxemburgo.

La investigación se inició en 2013, cuando las autoridades judiciales de Luxemburgo informaron de la llegada de decenas de millones de euros desde cuentas bancarias españolas sin justificación aparente. La investigación determinó que los fondos tenían su origen en un contrato entre una UTE española y el Gobierno de Angola para la entrega de material policial a ese país, por el que el gobierno angoleño habría abonado la cantidad aproximada de 152 millones de euros.

El contrato, según los investigadores, sirvió como pantalla para desviar una gran parte del importe del mismo, principalmente a través de Luxemburgo, en beneficio de los responsables y partícipes de la UTE, así como de los responsables de la adjudicación del contrato en Angola.

El desvío del dinero fue posible gracias a la colaboración de un despacho de abogados de Luxemburgo, que habría creado una "estructura financiera altamente sofisticada" para blanquear el dinero, según la Guardia Civil, que creó un grupo permanente de intercambio de información con la Policía Luxemburguesa.