Amaiur debe devolver 30.000 euros de subvenciones para gastos de seguridad contra el terrorismo

La coalición Amaiur, de la que forman parte los herederos de la antigua Batasuna, deberá devolver 30.264,79 euros de las subvenciones que le correspondieron en 2011 y 2012 para cubrir gastos de seguridad, una ayuda creada para compensar las inversiones de los partidos para prevenir actos terroristas de ETA. Así se recoge en el último informe del Tribunal de Cuentas relativo a 2012, que acaba de ser remitido a las Cortes Generales y a cuyo contenido tuvo acceso Europa Press.

Estas subvenciones para gastos de seguridad fueron creadas para compensar a los partidos con representación parlamentaria por las inversiones que tenían que hacer frente a la amenaza terrorista de ETA, aunque el Estado sigue abonándolas casi tres años después de que ETA hiciese público su comunicado anunciando el final de su actividad terrorista. En septiembre de 2011, un mes antes de ese comunicado, una orden ministerial obligó a los partidos a justificar en el ejercicio correspondiente el uso que hacen de la subvención .

Cuando Amaiur logró siete escaños en el Congreso de los Diputados en las elecciones generales de 2011, empiezó a ser destinatario de estas ayudas. En 2012 percibió por este concepto un total de 62.707,46 euros, incluyendo los 7.643,12 euros que le correspondían del último trimestre del año anterior. El Tribunal de Cuentas señala que la coalición batasuna sólo ha registrado gastos de seguridad por importe de 32.396,62 euros, por lo que le corresponde devolver 30.264,79 euros, incluyendo los 7.642,12 euros pendientes de 2011 y los 22.621,67 euros que no utilizó de 2012.

Amaiur no es la única formación que debe reintegrar estas subvenciones. También le ha ocurrido a Coalición Canaria (17.408,24 euros), Partido Aragonés (9.212,28), Geroa Bai (4.753,01), UPN (4.556,89), Compromís-Equo (1.297,67 euros), y UPyD (583,02 euros). En total, el Estado aportó 3,38 millones de euros en 2012 para estos gastos de seguridad, que se distribuyen entre los partidos con representación parlamentaria en función de sus resultados en las últimas elecciones generales.