La Ley de Seguridad Ciudadana podría llegar este mismo mes de julio al Congreso de los Diputados. Con ese objetivo está trabajando el Ministerio del Interior, que en los últimos meses, para que el articulado de la misma tenga un perfecto encaje constitucional, ha enviado el texto a importantes instituciones como el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial o la Agencia de Protección de Datos.
Este plazo temporal lo ha planteado este martes el máximo responsable del departamento, Jorge Fernández Díaz, una vez finalizada su comparecencia en la Comisión de Gastos Reservados de la Cámara Baja, donde ha explicado como se están gastando este año los 6,3 millones de euros que este ministerio tiene destinado para gastos confidenciales.
"Una vez que hemos recibido el dictamen del Consejo de Estado, el anteproyecto de ley, asumiendo las observaciones que nos formulan, lo convertimos en proyecto de ley y próximamente lo llevaré al Consejo de Ministros", dijo el ministro, que aseguró que "nadie puede dudar" de la ley porque "ha pasado por todos los filtros que podía pasar para que fuera escrupulosamente respetuosa con los derechos fundamentales y libertades públicas que la Constitución reconoce a los ciudadanos".
"El anteproyecto de Ley dice que hay que proteger la seguridad ciudadana sin poner en riesgo los derechos fundamentales. La seguridad debe estar al servicio de la libertad, y había que tener seguridad jurídica de que esto iba a ser así. Hay que proteger la seguridad pero no ha costa de la libertad", insistió Jorge Fernández Díaz.
En esta línea, recordó que la actual Ley de Seguridad Ciudadana está vigente desde el año 1992, y que era necesario realizar muchas modificaciones porque ahora "hay conductas nuevas que no existían hace 22 años". Otra justificación, fue la actual reforma del Código Penal, que "ha eliminado las faltas, pero esas conductas siguen subsistiendo". "La nueva ley era necesaria", insistió el ministro, que descartó por completo la opción de retirar la ley, tal y como le han solicitado algunos partidos de la oposición.
Desde la redacción inicial del articulado que se dio en el Ministerio del Interior, y que hizo público hace ya unos meses, al texto que finalmente ha sido remitido al Consejo de Estado existen importantes variaciones fruto de las recomendaciones judiciales que llegaron al departamento de Jorge Fernández Díaz desde el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial. Este último, por ejemplo, vio inconstitucionales varios aspectos.
Una de las medidas polémicas que avala el Consejo de Estado y que finalmente estarán presentes en el articulado de la Ley serán las retenciones preventivas, que tendrían carácter provisional, será una situación intermedia entre la libertad y la detención y que sólo se podrían dar en tres casos: en las pruebas de alcoholemia, durante un cacheo o en una identificación personal. La institución dice que el plazo máximo de estas retenciones será de seis horas, momento a partir del cual se le tendrá que detener o dejar marchar.