Una treintena de agentes de la Policía Local de la ciudad de Sevilla, que gobierna el PP, han sido considerados responsables civiles de una trama de revelación de secreto por la filtración del examen de acceso al Cuerpo en las dos convocatorias celebradas en 2012. El juez de instrucción número 9 de Sevilla, Juan Jesús García, el mismo que investiga las facturas falsas de UGT Andalucía, puede decidir incluso la retirada de la placa y el arma, así como obligar a los implicados a devolver el sueldo cobrado desde que ingresaron, ilícitamente, en la Policía Local. Prevaricación y revelación de secretos son los tipos de delitos que se les imputan.
Según ABC, son varias decenas de agentes de los 103 que ganaron la plaza en estas oposiciones los afectados y algunos de ellos tienen parentesco familiare con altos cargos policiales y con miembros del sindicato SPPME.
Ya han declarado en calidad de imputados el presidente del tribunal, el superintendente de la Policía Juan José García, y otros tres miembros del mismo. Sin embargo, el magistrado ha decidido ampliar estas imputaciones a todas las personas que formaron parte de aquella mesa, entre los que se encuentran varios cargos policiales más y otros funcionarios municipales
Un número de al menos 30 personas aspirantes pudo beneficiarse de la filtración del examen y así constó en la denuncia de un grupo de opositores ante la Fiscalía a comienzos de 2013.
La operación delictiva tenía dos caras. Una, la filtración de los exámenes. La otra, haber admitido a aspirantes que no cumplían los requisitos. Por ejemplo, algunos no tenían el carné de motos exigidos y en algún casos, se untaron de silicona las botas para lograr la estatura exigida.
La responsabilidad de la Policía Local es del equipo de gobierno del Partido Popular, que ya había tenido conocimiento de un rosario de irregularidades y de enchufes existentes en el Cuerpo, pero ha sido ahora cuando puso en marcha al grupo de asuntos internos de la Policía Local, el llamado Gepol.
Este grupo encontró indicios de delitos de descubrimiento y revelación de secretos, de los que se habrían beneficiado incluso familiares directos de miembros del tribunal examinador y de otros cargos policiales y sindicales.
El juez García Vélez ha hecho saber a los afectados responsables de estos delitos que pueden perder su condición de funcionarios y pueden tener que devolver todo el dinero que han cobrado, incluidos los gastos derivados de su nombramiento. Es decir, además del sueldo, los agentes beneficiados por esta filtración tendrán que reingresar los costes de la academia, el arma, el uniforme...
El superintendente Juan José García, que declaró en este caso como imputado el pasado 25 de marzo, aseguró que era normal que las respuestas fueran idénticas por parte de algunos de los aprobados "porque eran la opción correcta". Pero, claro, la realidad es que el examen no era tipo test sino que las respuestas debían ser redactadas por el aspirante. Es precisamente la similitud en muchas de ellas la que llevó a sospechar que los beneficiados conocían las preguntas con anterioridad.
El superintendente dijo que había mucha gente que conocía el examen, como funcionarios del área de Recursos Humanos del Ayuntamiento y los miembros del otro tribunal pero admitió que conocía a algunos de los opositores porque eran familiares de miembros del cuerpo.