Un juez afín al PSOE dio carpetazo a la investigación sobre UGT-A en 2004

El 24 de marzo de 2004 el extesorero y exsecretario de Administración y Recursos Humanos del sindicato, Federico Fresneda —detenido el pasado martes por la Guardia Civil—declaró como imputado ante el juez de instrucción número 2 de Sevilla, Luis Gonzaga del Oro Pulido Sanz que indagaba presuntos delitos contra los trabajadores y contra las Administraciones Públicas. El asunto estaba dentro de un extenso sumario por el desvío en provecho del propio sindicato de una subvención de 1,2 millones de euros concedida por la Junta de Andalucía para organizar cursos de orientación y fomento del autoempleo entre jóvenes desempleados.

Pero, como explica ABC, aunque el juez instructor acreditó el supuesto fraude y mantuvo los cargos contra el directivo de UGT-A, el proceso jamás llegó a enjuiciarse porque tras los recursos del sindicato ugetista el entonces magistrado de la Sección Primera (Penal) y presidente de la Audiencia de Sevilla, Miguel Carmona Ruano, conocido simpatizante de la izquierda andaluza, le dio carpetazo en 2007.

Justamente al año siguiente, el 23 de septiembre de 2008, Carmona fue propuesto por el PSOE como vocal del Consejo General del Poder Judicial cargo que ha desempeñado hasta finales de 2013.

En el primitivo caso del proyecto subvencionado por la antigua Consejería de Trabajo e Industria en 1999, el informe elaborado por la Policía Judicial a instancias del juez que el dinero se gastó en pagar las nóminas de parte de la plantilla de UGTen todas las provincias andaluzas y en actividades relacionadas con las elecciones sindicales.

Gracias a la decisión del juez Carmona, Manuel Pastrana y su cúpula, hoy señalada judicialmente por numerosas irregularidades, sorteó la acusación formulada a raíz de la denuncia de un extrabajador de la Unión Provincial de UGT en Sevilla.

Ya entonces, en 2004, se evidenciaron irregularidades que beneficiaban al sindicato. El programa investigado perseguía la puesta en marcha de unidades especializadas en el asesoramiento de desempleados. La Junta financiaba los contratos de jóvenes en paro. Pero la Policía descubrió que la mayoría de los contratados no eran jóvenes y, además, ya integraban la plantilla de UGT.

Para cobrar las ayudas, UGT los despedía y mandaba al INEM y una vez inscritos, volvía a contratarlos. Curiosamente, una parte de los trabajadores desempeñaban cargos políticos en el propio sindicato. Para colmo, los salarios que abonaba estaban por debajo de lo estipulado por la subvención, algo que desconocían los propios trabajadores, lo que motivó la denuncia.