Tras el discurso victimista de Magdalena Álvarez al dimitir de su cargo como vicepresidenta en el Banco Europeo de Inversiones –"me voy para evitarle el ridículo a mi país", llegó a decir-, se esconden semanas de negociaciones entre el Gobierno y una institución cuyo código ético exige ejemplaridad a sus miembros, además de las cábalas económicas de la propia Álvarez, que, al dimitir cuatro semanas antes de que la institución la destituyera, se acoge a los beneficios del retiro de los altos cargos de las instituciones europeas.
Avisada de que el comité de dirección del banco planeaba despachar su futuro en su reunión del próximo 22 de julio, Magdalena Álvarez prefirió evitar una votación que, con una mayoría de dos tercios, habría podido desencadenar su cese y, con él, el descrédito de la institución y el suyo propio. El comité de ética de la propia institución llevaba semanas estudiando, a instancias del Gobierno, y con su código deontológico en la mano, si la imputación de su vicepresidenta dañaba la reputación del BEI y con ella la de España, su quinto accionista.
El movimiento, previsible y "cantado", en palabras de un colega de filas socialistas que coincidió con ella en la Eurocámara, evitó no sólo el bochorno de la institución y el escarnio de la imputada, sino que, además, le ha garantizado un mullido colchón económico para su caída política. Puesto que Magdalena Álvarez ocupó su cargo durante cuatro años -desde junio de 2010, cuando fue colocada por el Gobierno de Zapatero, hasta esta misma semana, en que no le ha quedado más remedio que dimitir- , a partir de que cumpla los 65 años (en febrero de 2017), tendrá derecho a una pensión vitalicia equivalente al 4,275% de su salario base por cada año trabajado lo que suma unos 4.000 euros al mes-, además de la pensión que reciba como ex ministra. Hasta entonces, la ex ministra percibirá más del 40% de su salario mensual, que durante estos años, ha ascendido a 22.963 euros brutos más un complemento de alrededor de 4.400 euros al mes (gastos de representación y plus por vivienda, o dietas de hasta 600 euros por asistir a una sola reunión). Es decir, que hasta su jubilación, se embolsará cada mes cerca de 10.000 euros en concepto de pensión.