Ruz rechaza por cuarta vez la libertad de Luis Bárcenas

El juez Pablo Ruz ha denegado por cuarta vez la libertad a Luis Bárcenas, al entender que la prohibición temporal que ha impuesto la justicia Suiza al magistrado para usar la información sobre las cuentas del extesorero del PP no afecta a todos los delitos que se le imputan, y que sigue existiendo riesgo de fuga.

Bárcenas volvió a pedir su puesta en libertad -lleva en prisión desde el 27 de junio de 2013- a la luz de la resolución del Tribunal Penal Federal suizo, que suspendió temporalmente la autorización que dio la justicia helvética al juez de la Audiencia Nacional para usar la documentación que le ha ido remitiendo en la investigación de delitos fiscales en el caso Gürtel.

Según el juez, la decisión del tribunal suizo es de momento una suspensión y no una revocación, existen en la causa otros medios de prueba para acreditar los delitos que le imputa y además con anterioridad a la aportación de la documentación Bárcenas ya estaba imputado por cohecho, blanqueo y varios delitos fiscales.

"En consecuencia, las eventuales limitaciones en la utilización de la documentación remitida por Suiza afectarían únicamente a algunos de los delitos fiscales atribuidos al imputado Bárcenas, respecto de los que en todo caso no es la documentación suiza la única fuente de prueba en la presente causa", indica el juez, que añade que sigue habiendo riesgo de fuga por la aparición de nuevos elementos incriminatorios.

Riesgo de fuga

El magistrado, que recuerda que Bárcenas manifestó literalemente su intención de prestar todo su "consentimiento" para la utilización de la información suiza, sostiene que la decisión adoptada por el Tribunal Penal Federal tiene unos "efectos radicalmente distintos" a los pretendidos por su abogado, Javier Gómez de Liaño.

En este sentido, recuerda que la autorización para utilizar los informes remitidos por las autoridades helvéticas se limita a los delitos fiscales, que también se le imputan en el marco del 'caso Gürtel' en relación con sus declaraciones de IRPF de los años 2002 y 2003 y la que su esposa, Rosalía Iglesias, hizo en 2006.

Sin perjuicio de la existencia de "otras operaciones patrimoniales sospechosas" que estaban investigándose antes de la remisión de la información del Lombard Odier y el Dresdner Bank, en los que Bárcenas llegó a tener 48,2 millones de euros en enero de 2008, el auto expone que a partir de ese momento "se ha acreditado" la existencia de "serios indicios de su participación en un presunto delito continuado de blanqueo de capitales" que "en modo alguno" se vería "afectado" por la suspensión de la autorización suiza.

La imposibilidad de utilizar esta documentación tampoco tendría consecuencias, según Ruz, en los delitos de falsedad de documento mercantil y de estafa procesal en grado de tentativa que se le imputan después de que el extesorero y su esposa presuntamente simularan la venta de obras de arte a la supuesta marchante argentina Isabel Mckinley para justificar unos ingresos en efectivo de medio millón de euros.