Más de cinco horas de Comisión de Educación en el Congreso de los Diputados, donde el ministro José Ignacio Wert compareció este martes para dar cuenta del desarrollo de la Lomce y la FP básica. Y la sensación final que quedó fue que no sirvió para nada. Si bien es cierto que el responsable de esta cartera debe dar explicaciones en la Cámara Baja, y así se lo exige la oposición, estos encuentros no solucionan ningún problema que pudiera existir: Gobierno y PP muestran su postura ya sabida y los grupos de la oposición hacen lo propio con la suya, ambas irreconciliables.
Críticas al sistema de becas, a la nueva FP y, en definitiva, a la totalidad de la reforma educativa, con especial atención a la disposición trigésimo octava de la misma, aquella relativa a las lenguas cooficiales. Dicha disposición se regulará a través de un real decreto que se aprobará previsiblemente en julio. En él se pretende regular el procedimiento administrativo por el cual los alumnos que no tuvieran una oferta de castellano en ningún colegio público o concertado cerca de su casa puedan ser matriculados en un centro privado. Así, los padres de alumnos de las comunidades con lengua cooficial que recurran a la escolarización privada deberán pagar los costes de matrícula y reclamar después la restitución de gastos al Ministerio de Educación.
Posteriormente, el Ministerio deducirá o retendrá de la financiación autonómica el importe de esos gastos de escolarización en centros privados asumidos; es decir, serás las comunidades autónomas las que finalmente corran con este gasto. Según el texto de proyecto de ley propuesto por el Ministerio de Educación, no se considerarán adecuadas las medidas que supongan la atención individualizada en castellano o la separación en grupos por razón de la lengua habitual. Tampoco se considerarán razonables las ofertas de enseñanza en castellano que impliquen que el alumno deba irse fuera del municipio en el que vive.
Pero este martes, Wert añadió un punto nuevo: el coste del alumno en la escuela pública es el límite que establece su departamento para compensar a esos estudiantes. Y según precisaron fuentes del Ministerio este coste es de 6.057 euros anuales. Según explicó el ministro, la introducción de esta novedad se debe a la llamada de atención que realizó el Consejo de Estado, que advirtió que en el borrador del real decreto no quedaban claro los límites económicos para compensar a dichos alumnos.
No obstante, fuentes del departamento de Educación aclararon que si el coste del colegio privado es superior a estos 6.057 euros anuales y la familia justifica que no existe otro centro privado más barato en la zona donde reside, la Administración General del Estado adelantará la totalidad del dinero, que luego descontará a la comunidad autónoma. Si la familia no lo justifica deberá hacerse cargo de la diferencia.
Esta medida fue muy criticada – como es costumbre – por los nacionalistas (CiU, BNG), pero sobre todo – y llamó la atención por ello- por el diputado del PSC, Germán Sánchez. En pleno proceso de descomposición de su formación política en Cataluña, Sánchez alzó la voz a favor del sistema de inmersión catalán.
A falta del diputado de ERC en la sala, Rodríguez obvió las reiteradas sentencias del Tribunal Supremo y del TSJC, en las que se establece que la atención individualizada no es aceptable, para declinarse por esa opción, y realizó una defensa cerrada del sistema de inmersión, que, según él, "no discrimina" a nadie. Por último, vaticinó que no se va a poder aplicar el curso por falta de tiempo, alegó.
José Ignacio Wert contestó lo que ya ha dicho otras veces: que la enseñanza en castellano "no es cuestión de números, sino de derechos", aunque reconoció que son "pocos" los alumnos que quieren estudiar solo en castellano.