La Consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, ha enchufado al menos a 80 personas en la Consejería según los sindicatos con representación en la Agencia de la Vivienda de la Junta de Andalucía, UGT, CCOO y Site, Tal avalancha de "intrusos" contrasta con las afirmaciones de la propia consejera sobre la reducción de directivos llevada a cabo desde la llegada de IU al gobierno.
Con ello, se comprueba que el "nepotismo político" imperante en el régimen instaurado en Andalucía es costumbre heredada por IU de su socio de gobierno, el PSOE. Cortés es la consejera de La Corrala y la que provocó el donde digo digo digo diego de Susana Díaz en su ya histórico decreto parando el realojo de sus componentes que duró menos de 24 horas.
ABC desvela este miércoles una carta enviada el pasado lunes a la cúpula política de la Consejería de Fomento y Vivienda en la que se dice que pese a lo que se nos ha querido hacer creer, y sin entrar en debates nominalistas sobre el concepto de personal directivo, este comité comprueba que, tras la remodelación de la Agencia, siguen existiendo más de ochenta personas con funciones directivas, de libre designación y con salarios fijados por el Consejo de Administración al margen de la negociación colectiva.
La realidad de este nuevo caso de enchufismo en Andalucía se encubre mediante el procedimiento de no contabilizar en el organigrama directivo a los jefes de servicio contratados a dedo, sector en el que IU ha hecho la mayor parte de sus contrataciones. Recuérdese que la consejera Cortés ha pregonado que había culminado su proceso de reestructuración interna con la supresión de 39 puestos directivos, pasando de ser 107 al inicio de la legislatura a 26. Pero los sindicatos han hecho recuento y han denunciado el truco.
Además, el comité también denuncia que no se tiene conocimiento de que se haya cumplido la Ley de Presupuestos para 2014 ni de que la dirección de AVRA haya seguido la recomendación del informe que hizo la Cámara de Cuentas en 2011 sobre la gestión de los recursos humanos en esta empresa pública y sobre la realización de un plan de viabilidad. Es más, los sindicatos dudan incluso de que la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía haya presentado las cuentas del último ejercicio.
Se ha acometido en la Agencia una profunda reorganización y modificación de la estructura (movilidades funcionales, geográficas, amortizaciones de puestos, etc.) incluida la ampliación su objeto social. Esta gran transformación se está llevando a cabo al margen de los procedimientos establecidos en el vigente convenio colectivo para la asignación de efectivos, lo que ha podido generar discriminaciones y, sin duda, el desconcierto generalizado de la plantilla, dice la carta de los sindicatos.
Los sindicatos dirigen su carta a la consejera y a gran parte de su personal de confianza el viceconsejero José Antonio García Cebrián, la directora de Vivienda Amanda Meyer, el gerente de Antonio Ibáñez y dicen dudar seriamente de la viabilidad de la empresa por una gestión politizada;que conlleva una multiplicación desmesurada del gasto sin preocupación alguna por los ingresos. Por ejemplo, la Consejería ha decidido dejar de cobrar numerosos alquileres en las viviendas públicas, lo que ha originado una caída presupuestaria.
Según los sindicatos, los ingresos han caído de manera rotunda como consecuencia de las decisiones de IU mientras la consejera ha contratado a dedo a personal de su confianza al margen de los salarios estipulados en el convenio colectivo.