El CGPJ, dividido, tratará de aprobar su dictamen sobre la ley del aborto de Gallardón

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) afronta este viernes un nuevo reto. Emitir su informe no vinculante sobre el nuevo proyecto de ley del aborto propuesto por el Ministerio de Justicia capitaneado por Alberto Ruiz Gallardón.

Se califica de reto porque en ninguna de las dos ocasiones anteriores cuando el órgano de gobierno de los jueces fue consultado sobre proyectos legislativos relativos a la interrupción del embarazo fue capaz de emitir un dictamen jurídico.

Ocurrió con el anteproyecto de ley elaborado en 1994 y que finalmente no vio la luz y con la ley de plazos aprobada por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero. De hecho, se trata de los dos únicos proyectos legislativos sobre los que éste órgano ha sido incapaz de formular un veredicto a lo largo de su historia.

Con estos precedentes a sus espaldas y tras varios meses retrasando emitir una valoración judicial sobre el polémico texto propuesto por el Gobierno del PP, este viernes el Pleno compuesto por 20 vocales más el presidente abordará el debate definitivo sobre la ley del aborto de Gallardón sin que, de momento, se respiren aires de consenso en la sede del Poder Judicial sino más bien división de pareceres entre los vocales.

Sobre la mesa dos propuestas de informes sobre el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la Mujer Embarazada que dividen a los vocales: la de Pilar Sepúlveda (progresista) y Carmen Llombart (conservadora).

Ambos textos coinciden en señalar que uno de los supuestos de aborto despenalizados en el anteproyecto, el de una anomalía fetal incompatible con la vida para el feto, debería desligarse de la afectación de la salud psíquica de la mujer al entender que en ese caso no existe conflicto entre los derechos de la embarazada y la protección del concebido. Ciertamente, tanto Carmen Llombart como Pilar Sepúlveda ven rasgos de inconstitucionalidad en esta ley.

A estas dos propuestas hay que sumar las alegaciones que han realizado esta semana cuatro vocales del CGPJ y que también serán debatidas por el Pleno.

Una reforma inoportuna

Los vocales Mercè Pigem (CIU) y Enrique Lucas (PNV) abogan por esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la ley vigente -la ley de plazos aprobada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero- antes de aprobar un nuevo texto legal. Estos dos vocales recomiendan al Gobierno que se "replantee" aprobar una nueva norma cuando el modelo actual presenta un alto grado de aceptación por la ciudadanía y no ha arrojado un saldo negativo en su aplicación.

Por su parte, el vocal Fernando Grande-Marlaska, del denominado bloque conservador ya que fue elegido a propuesta del PP, también sostiene que el Consejo, "por razones de seguridad jurídica" debe aguardar al pronunciamiento del Tribunal Constitucional.

Distinta opinión tiene al respecto la vocal Nuria Díaz que señala que la propuesta de las ponentes de desligar el aborto eugenésico de los efectos sobre la salud psíquica de la madre violaría los compromisos internacionales de España en materia de protección de la discapacidad.

Con la última reforma legal que modificó el funcionamiento del Consejo el informe sobre el anteproyecto de ley del aborto podría salir adelante con los votos de una mayoría simple de vocales.