Antonio Rivas Sánchez ha estado en todas las salsas de los ERE, desde Mercasevilla y la extorsión a los empresarios del grupo La Raza a la concesión de ayudas a empresas amigas y ERE a otras empresas. Pero su condena en el caso de la extorsión se basa en "conjeturas", dice el Tribunal Supremo. Se apoya en la prueba clave que lo condenó dos veces.
El martes, el alto tribunal lo absolvió de un delito de cohecho tras la instrucción de la juez Mercedes Alaya que fue complementada con la condena de la Audiencia de Sevilla, ratificada por el Tribunal Superior de Justicia -TSJA- que ya reconoció la precariedad de las pruebas.
En el caso que ha tratado el Tribunal Supremo, Rivas fue condenado por confabularse con los exdirectivos de la empresa pública Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, para pedir un soborno de 450.000 euros a dos empresarios de La Raza a cambio de una concesión de una escuela de hostelería. Para cobrar la "mordida" los empresarios tenían que "olvidar" un maletín con el dinero en su despacho. Ahora, el Supremo, que mantuvo las condenas para Mellet y Ponce, absuelve a Rivas de su condena de 21 meses de inhabilitación y 600.000 euros de multa.
Rivas fue el primer ex alto cargo de la Junta condenado en una causa por corrupción en la Consejería de Empleo y ahora, su absolución por el Supremo le convierte en el primer alto cargo que vence a la instrucción de la juez Alaya que basó su procesamiento en la declaración policial de Mellet.
El ex gerente de Mercasevilla, Fernando Mellet, acusó a Rivas ante la policía pero luego, como destaca El País, evitó ratificarse en los juzgados. El Supremo dice que esta circunstancia "carece de toda eficacia probatoria la declaración" y afirma que se debió excluir totalmente la declaración del funcionario policial sobre lo dicho por Mellet en dependencias policiales". Según el Supremo, la declaración ante la Policía es diferente a la declaración ante un juzgado por la presión "ambiental".
Según el Supremo, no tiene importancia alguna o es una conjetura muy débil el que las conversaciones de Mellet y Ponce con los empresarios de La Raza se refirieran a unos cursos de formación a costa de Empleo, cuyo responsable en Sevilla era Rivas que no tenía por qué estar tras el plan para extorsionar a los empresarios Y añade: "Ninguno de los dos empresarios sobornados manifestaron que los otros dos acusados mencionaran en momento alguno que Rivas fuera una de las personas relacionadas con la Junta que fuera a beneficiarse de ese dinero, ni que estuviera detrás de esa petición". "Ponce declara lo que oyó decir a Mellet sobre lo que este a su vez habría escuchado a Rivas, excesivos eslabones para poder obtener la fiabilidad y credibilidad de un resultado probatorio".
Tampoco tiene en cuenta que en el caso de los ERE fraudulentos Rivas está acusado de malversación, prevaricación y tráfico de influencias por haber autorizado presuntamente varios ERE "con total ausencia de procedimiento" e influir para la concesión de subvenciones.
Tras la decisión del Supremo, tanto Fernando Mellet como Daniel Ponce han anunciado recurso contra este fallo ante el Tribunal Constitucional. El abogado de Ponce dice que su cliente carecía de facultades para conseguir la subvención de 900.000 euros de la Junta para la escuela de hostelería, lo que imposibilita el delito de cohecho, ya que en todo caso sería una estafa.