Enrique López ha presentado en la mañana de este lunes su dimisión como magistrado del Tribunal Constitucional tras ser imputado por un posible delito contra la seguridad vial, han informado fuentes del alto tribunal a Efe. El presidente del Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, ha aceptado la dimisión.
Una vez ha dimitido como magistrado del TC a causa del suceso del domingo, cuando se saltó un semáforo en rojo y cuadruplicó la tasa de alcoholemia permitida, López tiene la oportunidad de pedir su reingreso en la Audiencia Nacional, donde es magistrado de lo Penal, según informan fuentes del Consejo General del Poder Judicial.
De no hacerlo, el juez quedaría en situación de excedencia voluntaria, perdería su plaza en el citado tribunal y esperaría la decisión del Supremo para conocer si mantiene o no su condición de aforado, pues si perdiera esta condición por no ser ya magistrado de la Audiencia lo juzgaría un tribunal ordinario. En el caso de optar por esta alternativa, podría interpretarse que, al menos de momento, todo indicaría que López habría dejado su carrera judicial para actuar como jurista en el ámbito privado.
La otra posibilidad que le queda al dimisionario es pedir su reingreso en la Audiencia Nacional en los próximos 20 días. De hacerlo así, se reincorporaría y su futuro inmediato vendría regulado por la Ley Orgánica del Poder Judicial y, en cualquier caso, por el Código Penal.
Según la Ley Orgánica del Poder Judicial y la interpretación que de ella hace el Consejo General del Poder Judicial, cuando el Supremo le abra juicio oral a López el magistrado sería suspendido de empleo y sueldo provisionalmente. Esta suspensión sería provisional siempre que la condena no fuera a una pena de cárcel que superase los seis meses de prisión, algo muy probable, pues es casi seguro, dados los precedentes y el hecho de que López ha reconocido los hechos, que la sentencia sea de conformidad y lleve aparejada solo una multa.
Es decir: como López no será castigado con pena de prisión de más de seis meses, dejaría de estar suspendido en cuanto el Supremo dictara sentencia. De este modo, no sería expulsado de la carrera y, como la suspensión habría sido por el breve espacio de tiempo comprendido entre la apertura de juicio y el fallo, tampoco perdería su plaza como magistrado de la Audiencia Nacional.