El Gobierno ha expulsado de España, por motivos de "seguridad nacional" y bajo un estricto silencio, a un centenar de yihadistas que fueron detenidos y condenados por financiar y colaborar con Al Qaeda y otros grupos salafistas vinculados a la yihad, según informa El País.
La política de expulsiones se inició tras los atentados del 11-M y pretende alejar del país a personas consideradas "muy peligrosas" y prevenir nuevos ataques y atentados. En los dos últimos años han sido expulsadas 29 personas vinculadas a Al Qaeda. Se trata de marroquíes, argelinos, sirios, tunecinos y paquistaníes que vivían en España -algunos, casados con españolas-.
En cada caso han sido conducidos a un avión y trasladados a sus países de origen tras cumplir su sentencia o ser archivada su causa. También se han producido expulsiones por sustitución de penas de prisión -han aceptado abandonar el país a cambio de dejar de cumplir una parte de su condena. Además, hay casos en los que los jueces acuerdan un sobreseimiento provisional, pero el yihadista permanece en España de manera irregular y se le ha incoado en procedimiento de expulsión por la Delegación del Gobierno.
Los trámites de expulsión puede durar años. Mohamed Needl, sirio de 48 años, casado con Nayar, una ceutí dueña de la casa de Morata de Tajuña -Madrid- donde según la versión oficial los terroristas del 11-M montaron las bombas que explotaron en Atocha, teme su expulsión. Es padre de cinco hijos españoles, vive aquí desde hace 20 años y dirigía una empresa de reformas. Cumplió ocho años de prisión por pertenencia a una célula yihadista de sirios a la que se vinculó con el 11-S. Ahora, el juez le considera "un individuo altamente peligroso" para la seguridad del país.
Este viernes, agentes de la Policía y la Guardia Civil detuvieron a seis personas y practicaron ocho registros en una nueva operación en Melilla contra una célula acusada de captar y enviar terroristas yihadistas a lugares de conflicto, principalmente a Siria.