Intervención del Estado asegura que el Parlamento andaluz desconocía los ERE

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) considera que la "terminología críptica, imprecisa, generalista y a menudo equívoca" usada por la Junta en sus Presupuestos hizo posible que la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento andaluz no conociera con exactitud qué había tras las ayudas y los ERE.

En su tercer informe complementario remitido al juzgado de Alaya por la IGAE, los peritos consideran que la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento de Andalucía pudieron no ser conscientes de la existencia de las irregularidades en la presupuestación o, en su caso, la tramitación de las subvenciones sociolaborales correspondientes al programa 31L", conocido como el "fondo de reptiles".

La Intervención considera, por el contrario, que el Instituto de Fomento de Andalucía, luego Agencia IDEA, era quien elaboraba "incorrectamente" su presupuesto de ingresos incluyendo en el mismo unos ingresos procedentes de la partida 31L que "no eran tales", sólo eran cobros, ya que su destino no era el de cubrir las pérdidas derivadas de su propia actividad -"único establecido en la ley"-, sino el de pagar subvenciones concedidas por la Consejería de Empleo "al margen de todo procedimiento legal y del preceptivo control".

Dicho con claridad, la Consejería de Empleo, como ha venido sosteniendo la juez Alaya, utilizaba "inadecuadamente" las transferencias de financiación para fines distintos a los legalmente establecidos, puesto que la única finalidad legal era la de cubrir las pérdidas del IFA/IDEA, la cuales no se ocasionaban por el programa 31L.

Para vestir este diabólico muñeco, IFA/IDEA tenía que falsear sus presupuestos introduciendo unos "gastos inexistentes", que nunca se iban a producir, pero que, contablemente, compensaban aquellos ingresos que habían sido incluidos "indebidamente en su presupuesto, procedentes de las transferencias de financiación."

Por tanto, la Intervención libera al Parlamento andaluz y sus órganos de la responsabilidad de ser cómplices del fraude organizado y centra la responsabilidad de manera exclusiva en la Junta de Andalucía y tres consejerías: la de Economía y Hacienda, la de Innovación y Empresa y la de Empleo, cuya coordinación recaía en la consejería de Presidencia.

De este modo, responden a la juez Mercedes Alaya que le pidió un informe sobre el conocimiento que la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento andaluz, no todo el Parlamento, tenía sobre las "irregularidades que se estaban produciendo en la concesión de subvenciones sociolaborales al margen de la Intervención General". Alaya también planteó a los peritos "qué pudo hacer (la citada comisión) para poner de manifiesto el uso por la Consejería de Empleo de las transferencias de financiación al IFA/IDEA para el pago de las subvenciones laborales".

No obstante, la juez Alaya pidió a primeros de semana las enmiendas producidas por los grupos parlamentarios andaluces en relación con las leyes de Presupuestos y al fondo de los ERE, entre 2002 y 2009. Hace tres meses Alaya incorporó a la Cámara andaluza entre las instituciones bajo su lupa, al igual que la Cámara de Cuentas, los sindicatos, Ayuntamientos o universidades, y comenzó a pedir información para precisar el grado de conocimiento de los diputados andaluces sobre el fondo de los ERE.