Sin duda Pablo Iglesias y su partido de recentísima creación, Podemos, han sido los grandes ganadores de los comicios europeos del pasado domingo. Este licenciado en Derecho y doctor en Ciencias Políticas, profesor de la Facultad de Políticas y Sociología de la UCM, capitanea un proyecto que ha sabido convencer a más de 1,2 millones de españoles. Pero, ¿qué hay detrás de Podemos? ¿Qué hay detrás de Pablo Iglesias y algunos de sus compañeros de partido?
Este líder de coleta y barba que estampó su cara en las papeletas de votación el pasado domingo forma parte de la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS). Una fundación, dicen, "sin ánimo de lucro" dedicada al estudio y la promulgación de la ideología marxista y profundamente vinculada con el chavismo venezolano.
Tal y como explican en la misma web de CEPS, "es una organización política no partidaria dedicada a la producción de pensamiento crítico y al trabajo cultural e intelectual para fomentar consensos de izquierdas." En el mismo apartado, reconoce haber realizado servicios de "consultoría política, jurídica y económica" a "fuerzas y gobiernos progresistas en la región" latinoamericana. Entre estos trabajos destacan el "diseño de políticas públicas" en las que incluyen "procesos constituyentes así como en materia legislativa, planes de desarrollo y gestión pública". Uno de los países en que han centrado sus colaboraciones ha sido en Venezuela.
Tanto es así que, según publicó ABC , la estrategia de comunicación que emprendió el Gobierno venezolano sobre el tratamiento y muerte de la enfermedad de Chávez estuvo diseñada desde el CEPS. La fundación ya hizo rectificar a ABC por otra información en 2008 en la que señalaba a los miembros de CEPS de ser "la materia gris" del gobierno chavista. Dicha rectificación negaba que su intención fuera asesorar al régimen chavista para recortar derechos, pero no negaba su colaboración con el tirano.
Lo cierto es que la propia fundación se jacta de su colaboración con estos regímenes. De hecho, uno de sus miembros más activos, Juan Carlos Monedero, ha asesorado personalmente a Hugo Chávez en vida y siempre que tiene ocasión hace una cerrada defensa del régimen bolivariano. Por otro lado, CEPS también presume en su propia página web de la multitud de convenios que mantiene y ha mantenido con universidades e instituciones en Venezuela y otros países latinoamericanos. Entre otras, destacan:
- Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador
- Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca
- Universidad Bolivariana de Venezuela
- Universidad Bolivariana de Venezuela y la Universidad Complutense de Madrid
- Fundación de Estudios e Investigación Emiliano Zapata en México
- SEMTA, Servicios Múltiples de Tecnologías Apropiadas en Bolivia
- Asociación de Abogados de Chile
- Centro Internacional Miranda en Venezuela
Pablo Iglesias ya no figura como miembro del "equipo" del CEPS, aunque en los archivos de la fundación figuran como "miembro del patronato de la fundación CEPS" (2012), e incluso como "miembro del consejo directivo" de la citada fundación (2011).
Si su vinculación a universidades, instituciones y gobiernos bolivarianos no fuera suficiente para entender qué clase de proyecto político apoya el gran protagonista del pasado 25-M, los informes elaborados por CEPS, despejan todas las dudas. Uno de ellos realiza un amplio análisis de las sanciones a televisiones y medios de comunicación en todo el mundo para defender la decisión del régimen chavista de cerrar la Radio Caracas Televisión después de que este medio de comunicación criticase la acción de Gobierno totalitario de Chávez.
Dice que "Venezuela es de los pocos países con una política clara de democratización de las ondas conforme a la cual las emisoras comunitarias o libres son apoyadas materialmente. Todo lo contrario de lo que ocurre en el resto 'del mundo libre' donde las clausuras y multas por emisión pirata son el pan de cada día de las emisoras comunitarias y radios libres".
Así, justifican el cierre del canal diciendo que en Venezuela, a diferencia de lo que ocurre en otros países, "en los contenidos de estos medios de comunicación" privados, "también abundan los llamamientos al sabotaje al gobierno, a desobedecer las leyes, a la utilización de la violencia como herramienta política e incluso al asesinato del jefe del Estado. Este tipo de prácticas están sancionadas por los consejos de regulación del espectro radioeléctrico".
Otro de estos informes (editado en 2011, cuando Iglesias era miembro del consejo directivo) analiza en Venezuela "la preocupación por la difusión en programas del Sistema Nacional de Medios Públicos de conversaciones de carácter privado de distintos miembros de la Oposición política".
Se refiere a la grabación de una conversación privada entre la precandidata presidencial María Corina Machado y su madre. Una conversación captada por el régimen chavista y retransmitida por el Sistema Nacional de Medios Públicos. El informe del CEPS, tal y como destacó entonces ABC, reflexiona y señala que "más allá de valoraciones éticas", dicha grabación suponía una clara "muestra de la falta absoluta de principios que la oposición venezolana representa".
Añade que "escuchas como ésta demuestran a las claras cómo la oposición, desesperada por su situación de desventaja en términos de popularidad y carente de propuestas políticas, no va a tener ningún inconveniente en acudir a todo tipo de artimañas, sin límite ético alguno, para ganar las elecciones del 7 de octubre".
Pero profundiza aún más en su análisis y señala que "el uso de escuchas telefónicas para obtener información de contrincantes políticos o monitorear a personas afines es sin ninguna duda necesario, dentro de la lógica de actuación en legítima defensa y construcción de redes de inteligencia de todo Estado". Más aún, sigue el documento, "si es un Estado como el venezolano, que cuenta con tantos enemigos interesados en subvertir el proceso revolucionario que se vive desde hace 12 años".
Posteriormente recuerda que se trata de acciones ilegales y que pueden comportar "sentencias que perjudiquen al Estado y a la institución que las practica". Por este motivo, finalmente recomiendan que "el uso de armas tan efectistas y efectivas como la retransmisión de conversaciones comprometedoras para la oposición deberían realizarse de manera menos usual y banalizada. Las respuestas políticas, mediáticas y judiciales a dicha práctica pudieran ser muy nocivas para el proceso". Así, "sería deseable actuar siguiendo la lógica de utilizar de manera dosificada estos mecanismos, apuntando a erosionar o no dejar en evidencia a grandes contrincantes".