Silencio del PSOE y de la Junta ante la instrucción de Alaya

Una doble ley del silencio se ha cernido sobre la instrucción de Mercedes Alaya. La primera, propiciada por algunos altos cargos de la Junta al comprobar cómo sus declaraciones ante la juez eran la base de sus posteriores imputaciones, se ha extendido entre el resto de los imputados. De las 25 nuevas declaraciones de imputados fijadas útlimamente por la juez Alaya 11 no han tenido lugar porque los imputados se han acogido a su derecho constitucional a no declarar.

La segunda, ha sido impulsada por el PSOE con el apoyo de IU, que ha impedido que en el Parlamento andaluz se constituya una comisión de investigación sobre el escándalo de la formación de parados en Andalucía, parte del cual es investigado por la juez Alaya.

La consigna de no declarar ante Alaya

Todo comenzó el 28 de junio de 2013 cuando la juez imputó a la ex consejera de Economía y ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez y a otros 19 ex altos cargos, algunos de ellos estrechos colaboradores suyos.

Como relaciona Diario de Sevilla, en una primera fase, declararon, además de la propia Magdalena Álvarez -dos veces-, el ex interventor general de la Junta entre los años 2000 y 2010, Manuel Gómez Martínez; el secretario general de Hacienda entre 2000 y 2004 Antonio Estepa Giménez; y la secretaria general de Empleo de 2008 a 2012 Lourdes Medina Varo.

Fueron los ex directores generales de Presupuestos Antonio Vicente Lozano y Buenaventura Aguilera los que impulsaron esta estrategia tras tener un fuerte encontronazo con la juez.que acusó al primero de hacer "teatro". Tampoco lo hicieron el viceconsejero de Empleo Justo Mañas, el ex viceconsejero de Hacienda José Salgueiro Carmona y otros.

Esta actitud de "silencio" fue aceptada por el resto de las defensas de los imputados ante la precisión de la juez en sus interrogatorios apostando por el inminente traslado del caso al Tribunal Supremo y al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

El ex presidente de El Monte José María Bueno Lidón ha sido el último imputado que se acogió a su derecho constitucional a no declarar, al igual que hizo la que fuera secretaria de Telecomunicaciones Ana María Peña Solís, mientras que otros dos imputados en el caso de los ERE que estaban citados ayer no comparecieron.

El silencio en el Parlamento andaluz

Volvió a evidenciarse el miércoles mismo cuando el PSOE vetó que se investigue el escándalo de la formación lo que aprovechó el PP para acusar a Susana Díaz de imponer la "ley del silencio" en el Parlamento andaluz. Aunque IU no ha tomado una decisión final, se espera que apoye, de nuevo, a su socio de gobierno a pesar de que ha reiterado que el caso de la formación "apesta". El propio portavoz José Antonio Castro adelantó ya su "no" personal a la propuesta del PP.

El portavoz parlamentario socialista, Mario Jiménez, anunció el miércoles que no apoyará la creación de una comisión de investigación en la Cámara autonómica solicitada por el PP sobre la gestión de los fondos para la formación realizada por la Fundación Faffe, dependiente de la Junta, con el argumento de que los populares solo pretenden "ensuciar la vida política".

Además, Mario Jiménez señaló que el PP "vuelve a errar la estrategia" y a despreciar "absolutamente" el funcionamiento del Parlamento, dado que la fiscalización de la Faffe está en manos de la Cámara de Cuentas por acuerdo de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.

El portavoz del PP, Carlos Rojas, subraya ABC, consideró que el PSOE debería explicar las razones verdaderas del veto a la comisión de investigación, ya que en su opinión existe un "descontrol absoluto" en los fondos públicos de la Junta destinados a la formación para el empleo. Según Rojas, es necesario dar explicaciones y asumir responsabilidades políticas por parte de los que han gobernado Andalucía durante los últimos treinta años.