Desde el mes de marzo, la juez Alaya esperaba que la Junta le remitiera información de los cursos de formación de UGT subvencionados. A pesar de una providencia pidiéndola, la Junta no le entregó la documentación completa. Por ello, el martes varios agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se personaron en dependencias de la Junta de Andalucía en el edificio Torretriana para exigirla. El gobierno de Susana Díaz afirma que su colaboración con la juez es absoluta.
Lo que quería, sobre todo, la juez Alaya son unas claves informáticas para poder acceder a los expedientes de los cursos, que están digitalizados. La Junta se justifica en que había enviado el material, pero en realidad no envió los códigos de acceso que permiten utilizarlo.
Ante el retraso injustificado de la Junta, la juez decidió ordenar a los agentes que se personaran con un mandato al final de la semana pasada para obtener los datos. Una celeridad inusual de la Junta permitió a los agentes de la UCO recoger los datos tras la decisión de la juez.
El consejero de Educación, Luciano Alonso, que tiene las competencias en formación profesional desde que fueron trasladadas desde la Consejería de Empleo, desmintió la noticia que dio ABC diciendo que "en ningún momento se ha personado ningún efectivo de un cuerpo de seguridad en mandato de ningún juzgado de instrucción".
Pero, en el mismo comunicado, el departamento de Alonso reconocía que "el viernes se recibió una notificación por parte de la asesoría jurídica de la Junta de Andalucía para aclarar una documentación que ya parte de la misma ha sido remitida al Juzgado".
Poco después la versión ya era otra. La Oficina del Portavoz del Gobierno reconoció que los agentes de la Guardia Civil habían estado en Torretriana recogiendo la información por la mañana después de recibir el mandato judicial el pasado viernes, que la asesoría jurídica derivó a la Sección de Cursos de Formación.
La UCO se personó en el departamento de Política Digital, situado en el citado edificio de La Cartuja, y retiró todas las claves. Según el gobierno de Susana Díaz, sólo le faltaban por entregar estas claves de acceso... desde marzo.
La investigación sobre los cursos de formación, bajo secreto de sumario desde septiembre de 2013, afecta a una parte del caso de los ERE en los que se advierte una mayor obstrucción de la Junta. Alaya ya dijo que la actitud de la Junta parecía más propia de una defensa que de una acusación particular", que es la como está personada en el proceso.
A esta investigación se ha añadido, por decisión de la Fiscalía, otra sobre las irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas de Andalucía en las subvenciones que por valor de 49,5 millones de euros recibió la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo -Faffe- para cursos de formación a parados entre los años 2009 y 2010.
Recuérdese que en la Operación Heracles de la Guardia Civil se detectaron sobrecomisiones desmesuradas a Juan Lanzas que podían haber sido cobradas con dinero destinado a los cursos de formación.