Un mes. Ése es el plazo que tiene el Ministerio de Hacienda para responder a la Oficina Antifraude de la UE (Olaf). El motivo es un informe de este organismo acerca de las obras del puerto de Gijón, realizadas durante la etapa de Magdalena Álvarez al frente de Fomento. Según los técnicos comunitarios, existe "una seria sospecha de irregularidades y/o corrupción, en el procedimiento de contratación pública y en la adjudicación del contrato del proyecto".
El problema es que la advertencia no se queda en un mero tirón de orejas. La Oficina reclama 250 millones a España por el mal uso de las ayudas europeas, según informa este sábado El Mundo. De esta forma, el organismo le concede al Gobierno hasta el próximo 11 de junio para que le informe de si pagará la multa o acudirá al Tribunal de Luxemburgo.
La acusación de la Oficina Antifraude es contundente. El documento remitido al Gobierno español apunta a que "los hechos constatados podrían ser constitutivos de infracciones penales". Se habla de "malversación de fondos y fraude a los intereses de la UE". Según esta información, la Fiscalía Anticorrupción española ya ha abierto diligencias tras recibir la documentación del Gobierno.
La obra en cuestión fue adjudicada a la Unión Temporal de Empresas Dique Torres, en la que estaban integradas Dragados, FCC y Sato (Grupo Villar Mir). En su momento, recibió el encargo de realizar los trabajos, a cambio de 580 millones de euros, por parte de Autoridad Portuaria, un organismo dependiente de Fomento pero en el que es el Principado de Asturias (en aquel momento presidido por el socialista Vicente Álvarez Areces) el que nombra al máximo responsable. La Olaf apunta a "graves" irregularidades por parte o bien de la Autoridad Portuaria o de la UTE, que han provocado que se haya disparado el sobrecoste, hasta un total cercano a los 1.200 millones de euros.