El "cante" de dos directores generales de la Junta propició la imputación de Medel

Gracias a las declaraciones de dos exdirectores del Instituto de Fomento de Andalucía, luego agencia IDEA, la juez Alaya procedió a la imputación de Braulio Medel, presidente de Unicaja, y a la imputación o reimputación de otros 24 altos cargos vinculados a la Junta de Andalucía.

En esas declaraciones, queda totalmente claro que los responsables de la Junta sabían perfectamente que el procedimiento del "fondo de reptiles" servía para "agilizar" las ayudas no tramitadas como subvenciones y que el procedimiento incluía falseamientos presupuestarios en la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

En su auto del pasado 13 de mayo, en poder de Libertad Digital, la juez Alaya imputó o reimputó a los 16 integrantes del consejo rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía-IDEA-, que era la entidad usada por la Junta para pagar efectivamente las ayudas ilícitas decididas por la Consejería de Empleo. Tres de sus componentes son personalidades destacadas de la vida andaluza: Braulio Medel, presidente de Unicaja; José María Bueno Lidón, ex presidente de El Monte y a Francisco del Río, ex jefe de los servicios jurídicos de la Junta en quien la juez encuentra una especial responsabilidad.

El "cante" de los directores generales

Francisco Mencía Morales, que ocupó el cargo de director del IFA desde enero de 2003 a mayo de 2004, a las órdenes del Presidente de IFA, don José Antonio Viera, que era la persona que tenía plenos poderes en el Instituto, afirmó, entre otras cosas:

• Que IFA se dedicaba a materializar los pagos de las ayudas comprometidas por la Consejería de Empleo.

• Que la principal fuente de financiación de IFA eran las transferencias de la Consejería de Hacienda y de la Consejería de Empleo.

• Que el Vicepresidente -y ex consejero ya imputado- Antonio Fernández le explicó que el Convenio Marco servía para agilizar los trámites en la gestión de las ayudas.

• Que todos los convenios se mandaban al Consejo Rector, y que tenían una cuantía superior a 450.759,08 euros y que tenían que ser aprobados por sus miembros, entre los que se encontraba el Consejero y Viceconsejero de Empleo y el Jefe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, al que además se le remitía copia de los Convenios que eran objeto de aprobación.

• Que las operaciones que no sobrepasaban este importe eran aprobadas por él, a través de las competencias que le delegó el Presidente de IFA Sr. Viera, de las cuales se informaba en las sesiones del Consejo Rector.

• Que, en el caso de las ayudas sociolaborales, aunque el importe fuera superior, recibió órdenes de la Consejería -Viera y Fernández- no pasaban por el Consejo Rector y que ninguno de sus miembros dijo nada.

• Que siempre tuvo la sensación que existía en la Consejería de Empleo un interés especial para favorecer a la Sierra Norte de Sevilla.

• Que estaba totalmente seguro de que tanto el Sr. Viera, Antonio Fernández y Guerrero, tenían relación con los empresarios beneficiarios de las ayudas; era algo obvio, y que el conocimiento que tenían de los Convenios y ayudas era total, mucho más que el conocimiento que él pudo llegar a tener.

• Que era consciente que el dinero que se estaba pagando eran ayudas directas y deberían haber sido tramitadas como subvenciones.

Por su parte, Miguel Ángel Serrano Aguilar, director de IDEA desde junio de 2004 a mayo de 2008 bajo las órdenes del Presidente-y Consejero de la Junta- Francisco Vallejo Serrano, confesó:

• Que despachaba prácticamente a diario con el Presidente y Consejero de Innovación Francisco Vallejo y con el Vicepresidente, a su vez Viceconsejero, Gonzalo Suárez Martín y Jesús Mª Rodríguez Román.

• Que cuando puso reparos al Convenio Marco con Empleo el Consejero Vallejo, tras un tiempo de reflexión, le dijo que iban a seguir con el Convenio, dándole apoyo a la Consejería de Empleo.

• Que en reiteradas ocasiones le expuso a Vallejo las importantes cifras de déficit presupuestario generadas por el procedimiento ilícito.

• Que también tuvo conocimiento del Informe de Cumplimiento de la Intervención del ejercicio 2003 y el anexo relativo a la Consejería de Empleo, donde se exponían significativas irregularidades en los expedientes de ayuda que tramitaba dicha Consejería si bien no se llevó al Consejo Rector.

• Que el Presidente de la Agencia, el consejero Francisco Vallejo decidió, además de continuar con el Convenio Marco, no cambiar el criterio acerca de no someter a aprobación del Consejo Rector las ayudas sociolaborales. Que las instrucciones para su firma siempre las recibía bien del Consejero o del Viceconsejero.

• Que en relación a la ayuda de 1.150.000 euros aprobada en el Consejo Rector de fecha 26 de marzo de 2008 para la empresa Matadero de la Sierra Morena-vinculada a los imputados Enrique Rosendo y José María Sayago, ex concejales socialistas y piezas claves del PSOE en la Sierra Norte- por importe de 1.150.000 euros, el propio Serrano era consciente de que dicha empresa ya había recibido otras ayudas -más de 2,7 millones-; que lo primero que pensó es que era una barbaridad, ya que a su juicio era una acumulación de fondos muy importante para una misma entidad. Que la instrucción para la firma de este Convenio se la dio el Viceconsejero de Innovación.

• Que era consciente de que el dinero que se estaba pagando por la Agencia eran ayudas directas y debían haberse tramitado como subvenciones.

De estas manifestaciones, dedujo la juez Alaya que la Consejería de Innnovación, Ciencia y Empresa, la Agencia IDEA y su Consejo Rector conocían "la inobservancia generalizada del procedimiento de subvenciones y de la ausencia tanto de bases reguladoras como de fiscalización, inobservancia en la que participarían, al aprobar el pago de unas subvenciones presuntamente ilegales".

Tres pesos pesados de la política andaluza

Braulio Medel era vocal del Consejo Rector y con anterioridad había sido alto cargo-viceconsejero- de la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía-1986-1991- y posteriormente a partir del año 1991, Presidente de Unicaja. De las 32 sesiones del Consejo Rector de IFA y/o IDEA analizadas solo asistió a 3 a lo largo de 7 años, con una media de diez sesiones por año. En las tres sesiones citadas se le informó de 5 Convenios suscritos con la Dirección General de Trabajo y seguridad Social -2 sesiones- y votó a favor de la autorización de 2 Convenios; se ausentó en 29 ocasiones, de las cuales en 27 sesiones delegó su representación en el Presidente, votando por consiguiente a favor de la firma de 39 Convenios.

José María Bueno Lidón, ex presidente de El Monte y absuelto en un procedimiento judicial impulsado por sus sucesores en la propia Caja, fue Secretario General de Industria hasta 2001. A partir de 2002 Presidente de El Monte, Caja de Huelva y Sevilla. Asistió en total a 26 sesiones del Consejo Rector de IFA en las que se le dio cuenta de la firma de 60 Convenios suscritos entre IFA/IDEA y la DGTS, para el pago de subvenciones comprometidas por la consejería de Empleo a través de las transferencias de financiación entre dicha consejería e IFA. Nunca opuso reparo alguno, votó en 17 ocasiones y votó a favor de la ratificación o autorización de 42 Convenios -normalmente de mayor cuantía que los anteriores- con la Dirección General de Trabajo, de los cuales a 39 -15 sesiones- fue por votación directa y a 5 -2 sesiones- por delegación. Era conocedor del déficit presupuestario producido en la consejería de Empleo en la sesión de 11 de junio de 2007, por importe de 58 millones de euros y pese a ello votaría posteriormente en distintas sesiones a favor de once Convenios entre la DGT e IDEA.

Francisco del Río Muñoz

Es un caso especial porque era el jefe de los Servicios Jurídicos de la Junta. De hecho ejerció el cargo Jefe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía desde 2001 a 2008. Asistió a 14 sesiones del Consejo Rector en las que se le dio cuenta de la firma de 22 Convenios entre el Director General de Trabajo e IFA/IDEA, a los cuales, en su labor de control como miembro del Consejo, no opuso reparo alguno, como tampoco lo opondría a la firma del Convenio Marco de 17 de julio de 2001, del que podría inferirse su conocimiento previo, dado el cargo que ostentaba como Jefe del Gabinete Jurídico de la Junta.

La juez se detiene en del Río porque "con mayor profundidad, ... sería conocedor del procedimiento específico creado para sortear el cumplimiento de la legalidad a cambio de agilidad en el otorgamiento y pago de las subvenciones del programa 31L, a través de la presupuestación y uso inadecuado de las transferencias de financiación, omitiéndose burdamente la fiscalización previa por la Intervención General y las bases reguladoras de tales subvenciones."

Del Río según la juez participó en actividades abiertamente al margen del derecho siendo como era uno de los máximos valedores de la legalidad en la Junta de Andalucía. Además de no oponer reparo a los 22 Convenios citados, votó favorablemente a la ratificación o autorización de 32 Convenios, directamente a 5 Convenios y por delegación a 27. Es más, "por su especial formación debía conocer, al igual que el resto del Consejo, que la figura de las transferencias de financiación sólo podían estar destinadas a financiar las pérdidas de IFA/IDEA y que además la Consejería competente para financiar a la Agencia desde mayo de 2004 no era la Consejería de Empleo, sino la Consejería de Innovación a la cual estaba adscrita IDEA. La falta de lógica del sistema sería evidente, pese a lo cual se renovaría en cada ejercicio presupuestario, participando el Sr. del Río en el mismo autorizando el pago de múltiples subvenciones."

Por tanto, la juez considera que todos los imputados conocían el "diseño político del que eran partícipes, pero que debía haber sido previamente establecido, lo cual es totalmente coherente con el resultado que la presente investigación está ofreciendo en las diferentes facetas ya abordadas".