Ocurrió en plena Feria y no ha tenido trascendencia, pero el caso es que unos extraños ladrones perpetraron un robo en el despacho de los fiscales delegados de la Fiscalía Anticorrupción en Sevilla, Juan Enrique Egoceaga y Manuel Fernández, que llevan la acusación pública en el caso de los ERE fraudulentos. Según Diario de Sevilla, ambos fiscales comprobaron que alguien había sustraído de la mesa de su despacho el auto de la Audiencia de Sevilla que había sido clave en la imputación de la exministra Magdalena Álvarez.
Es lo que se ha sabido sin que haya constancia de que los fiscales hayan advertido la ausencia de más documentos, pero el caso subraya la extrañeza de un o unos cacos cuya preferencia a la hora de un robo se centra en documentos y no en objetos de valor. Según los abogados de algunas partes implicadas en el procedimiento, los fiscales no han dado a conocer el robo y se desconoce si la sutracción ha llegado a oídos de la juez Alaya. Ni siquiera se sabe si se ha denunciado el caso en el Juzgado de Guardia.
Al parecer los fiscales tuvieron que pedir una copia del documento sustraído. Recuerda el Diario de Sevilla que "en los juzgados ha desaparecido de todo, desde ordenadores portátiles entregados a los secretarios para hacer su labor, hasta borradores de sentencias, pasando por bolsos, etc., así como el más reciente robo perpetrado en el estanco de los juzgados de Sevilla, a pesar de que estos cuentas con vigilancia las 24 horas".
Famoso fue el caso de los robos de sumarios y expedientes en los juzgados de Marbella y Toremolinos en el año 2001, que llevaron al PP a exigir seguridad en las sedes judiciales, responsabilidad de la Junta de Andalucía. Tambièn en 2003 desapareció del despacho del magistrado Conrado Gallardo la sentencia condenatoria contra Juan Guerra lo que obligó al juez a convocar a las partes apresuradamente para notificarles el contenido de la resolución.
En junio de 2007 desaparecían por robo miles de folios de un sumario cuestionándose el sistema de transporte de material judicial, con subcontrataciones de por medio, por parte de la Junta de Andalucía.
Igualmente, está el caso del robo de los dos vídeos del presunto "espionaje" al ex presidente de Caja San Fernando que estaban en una caja fuerte de los juzgados sevillanos. El Consejo General del Poder Judicial dio por archivada la investigación del robo por "falta de autor conocido" por lo que la misteriosa desaparición de las dos cintas se cerrará sin que se depure ningún tipo de responsabilidad.